Giran fondos frescos a los gremios

Hugo Moyano

Los gremios comenzaron a respirar con alivio. El flujo de fondos públicos hacia las obras sociales sindicales se reactivó la semana pasada tras un mes de incertidumbre por los cambios en un organismo del Ministerio de Salud. Pero la noticia más importante llegará en los próximos días: el Gobierno confirmó que durante mayo pagará $ 250 millones prometidos, como parte de un desembolso total de $ 1.000 millones antes de fin de año.

El dinero, reconocieron en los gremios, les permitirá a las entidades de salud de los sindicatos recomponer en parte una situación financiera delicada, que se había profundizado por el avance de la investigación judicial por la denominada «mafia de los medicamentos». Esa causa, que instruye el juez federal Norberto Oyarbide, obligó a los funcionarios de Salud a extremar los recaudos a la hora de destrabar fondos para los gremios. En la práctica, se produjo desde principios de año una virtual parálisis.

Fuentes oficiales y sindicales coincidieron en dar cuenta de una amenaza latente: al menos 33 obras sociales gremiales (más del 10 por ciento del total de las que integran el «sistema solidario de salud») están concursadas; y algunas de ellas, al borde del quebranto.

La asfixia financiera alegada por los sindicalistas tuvo su pico semanas atrás, cuando un exhorto de la Justicia de Suiza pidió datos sobre el jefe de la CGT, Hugo Moyano, y su entorno familiar. En respuesta al planteo, el camionero retiró su gente de confianza de la Administración de Programas Especiales (APE), el organismo encargado de reembolsarles a las obras sociales el valor de los tratamientos médicos y de los remedios más costosos. La renuncia del abogado Daniel Colombo Russell se concretó recién dos semanas después de esa crisis, pero entre tanto se frenaron por completo los reintegros.

A partir de la semana pasada, con el ingreso efectivo al frente de la APE del abogado tucumano Martín Alves, hombre de confianza del ministro Juan Manzur, volvieron a moverse los expedientes frenados. En los pocos días que dejó la Semana Santa fueron girados a los gremios al menos $ 20 millones que aguardaban la firma del nuevo gerente general.

La APE cuenta con un presupuesto anual de $ 1.100 millones, que en el Gobierno prevén llevar a $ 1.400 millones en caso de agotar los recursos antes de fin de año. Como informó este diario, se trata de una promesa hecha a Moyano que está atada a dos condiciones: en el plano técnico, dependerá del funcionamiento del nuevo sistema de trazabilidad impulsado por Manzur para chequear el trayecto de los remedios desde su elaboración hasta su consumo por parte de los pacientes de las obras sociales. Y en lo político, del tono en que se mantenga el vínculo entre el Ejecutivo y la CGT en los meses previos a las elecciones.

Para solidificar esa relación, el Gobierno cumplirá en los próximos días otro compromiso. Girará a las organizaciones de salud sindicales $ 250 millones que corresponden a la segunda de cuatro cuotas que, se presume, se pagarán antes de octubre. Esos $ 1.000 millones serán revisados por la AFIP y desembolsados por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS, otra entidad de la cartera sanitaria).

El dinero saldrá por decreto del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se compone de aportes de las propias obras sociales para el costeo de los tratamientos complejos y que en la actualidad acumula más de $ 6.500 millones. Tras la crisis por el exhorto de Suiza, la CGT redobló la presión por la liberación total de ese fondo, pero apenas obtuvo del Gobierno el compromiso de analizar el tema.

Los próximos $ 250 millones serán ejecutados en mayo. Y beneficiarán, de acuerdo con los requisitos establecidos en el decreto que dispuso la primera cuota, a las organizaciones con mayor cantidad de afiliados, y a las que atienden a los adherentes que fueron incorporados más recientemente al sistema con montos bajos de aportes: jubilados, personal del servicio doméstico y monotributistas.