Preparan convenio para el intercambio de información de inteligencia y listado único de sospechosos.
Preocupación. La de funcionarios argentinos al ver lo ocurrido en Hamburgo durante la cumbre del G-20. Buenos Aires será sede en 2018.
"¿Y este quilombo vamos a tener en Buenos Aires el año que viene?", se preguntaba un funcionario de Jefatura de Gabinete mientras observaba lo que ocurría durante la cumbre del G-20, en Hamburgo, la semana pasada. Las pantallas de los canales de noticias mostraban el descomunal dispositivo de seguridad dispuesto por el Gobierno alemán (que incluyó más de 20.000 efectivos federales y comunales) para contener los disturbios callejeros promovidos por los miles de manifestantes antisistema que se congregaron para repudiar el encuentro de los mandatarios más influyentes del planeta.
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"Cuando nosotros advertíamos sobre esta situación, muchos le restaban importancia al planteo y nos trataban de exagerados, pero lo que pasó en Alemania mostró claramente el desafío que tenemos por delante", aseguró una fuente del Ministerio de Seguridad abocado de lleno a los aspectos preventivos de estas acciones.
En junio, funcionarios de la cartera que conduce Patricia Bullrich, participaron de una serie de reuniones en Washington donde acordaron con sus pares norteamericanos y con los responsables de las agencias de inteligencia estadounidenses, la firma de un convenio para adaptar las normativas de ambos países, a fin de optimizar la cooperación en el intercambio de información relacionada con la lucha antiterrorista.
Mucho se avanzó entre aquella primera reunión y la realizada esta semana entre ambas representaciones, donde se abordó de forma predominante el tema Odebrecht. "El objetivo es adaptar nuestras normativas a la Homeland Security Presidential Directive 6 (HSPD-6) que es la directiva del Gobierno norteamericano para desarrollar, integrar y mantener información completa, precisa y actualizada sobre individuos conocidos o sospechosos de ser o haber estado involucrados en conductas relacionada con el terrorismo", explicó el funcionario argentino consultado por Ámbito Financiero. Para ello es fundamental la homologación de las reglamentaciones que rigen las investigaciones judiciales sobre estos casos. "Por ejemplo, ellos tienen una Procuración alineada con el Poder Ejecutivo, ya que a diferencia nuestra, el sistema norteamericano le otorga al juez el rol de garante de las garantías procesales, pero confiere el rol investigativo al ministerio público fiscal", explicaron desde el Ministerio de Justicia. "Por eso es imprescindible afinar esta sintonía para poder generar un intercambio institucional de igual a igual entre ellos y nosotros", completó.
El otro punto sobre el que se están terminando de dar las puntadas finales es el armado de un listado único de personas a observar y sobre las cuales es necesario mantener ciertos recaudos. "Para eso es imprescindible que unifiquemos los bancos de antecedentes de todas las fuerzas de seguridad federales y provinciales, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Dirección General de Migraciones, con el objetivo de entrecruzar estos datos con los registros estadounidenses", agregaron desde la AFI.
En diciembre habrá una prueba importante, cuando se realice en Buenos Aires la reunión de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE) a la que asistirán mandatarios de todo el mundo.
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