Gobierno enfrenta su peor semana en el Congreso

Ricardo Gil Lavedra

No serán días fáciles para Cristina de Kirchner los de esta semana en el Congreso, y no sólo por la declaración del ex embajador Eduardo Sadous en la Comisión de Relaciones Exteriores. Gracias a un acuerdo con la oposición y después de calcular fechas, el kirchnerismo logró posponer el debate en Diputados de la reforma al Consejo de la Magistratura. Esa ley, que es bandera de todos los partidos opositores, amenaza con quitarles a los Kirchner el poder de vetar la remoción de jueces y regular su nominación. Pero aunque no llegue a promulgarse nunca, le haría pagar a la Presidente el costo político de un veto que puede volverse casi escandaloso, en caso que el Senado la convierta en ley.

Para que en el recinto no hubiera conflictos y discusiones sobre el plazo reglamentario que debe seguir un proyecto desde que se lo dictamina en comisiones hasta su votación, el radical Ricardo Gil Lavedra acordó esperar hasta el 30 de junio para llegar ese día a la votación con los «papeles» en orden, sin posibilidad de alguna imputación por el oficialismo.

Esa demora no liberará al Gobierno de otros disgustos, como el que sufrirá hoy cuando se reúna la bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia.

Ahora por pedido del radical Gerardo Morales, del PRO y el peronismo federal, esa bicameral se reunirá con dos objetivos básicos: revisar el presupuesto y el uso de fondos en la SIDE e investigar las relaciones de ese organismo con el escándalo de las escuchas en el Gobierno porteño.

Hoy se reúne por primera vez, pero ya existe agenda para citar a funcionarios y agentes de la propia secretaría, del INDEC (adonde apuntan a encontrar relaciones) y hasta del Gobierno de la Ciudad.

Por si faltaran conflictos, Diputados tiene en agenda para votar esta semana otra patada directa al hígado kirchnerista: la derogación de los famosos superpoderes permanentes para modificar el destino de las partidas del Presupuesto. El miércoles los diputados debatirán tres dictámenes: el oficialista, que sólo acepta imponer un límite del 5 por ciento en la redistribución del gasto (en realidad, un artilugio para que nada cambie en esta materia), otro que apoya casi toda la oposición, que deroga los superpoderes, y un tercero de Proyecto Sur.

La oposición no sólo quiere volver a la redacción original del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera (que fue reformado por el kirchnerismo en 2006 para garantizarse superpoderes permanentes), sino también establecer para el Congreso la facultad exclusiva de asignar los excedentes de la recaudación tributaria.