Gobierno entrecruza datos para dar de baja planes a “saqueadores”

“El Ministerio de Desarrollo Social implementa políticas de inclusión laboral y esas políticas no pueden ser desvirtuadas. Todo el esfuerzo que hace el Estado nacional para incluir laboralmente no puede estar utilizándose para delinquir, así que hemos tomado la decisión de darle la baja a toda aquella persona que haya actuado en estos hechos delictivos de los últimos días”, adelantaron desde la cartera que conduce Victoria Tolosa Paz.

Victoria Tolosa Paz

El Gobierno nacional decidió sacarles el plan social a ocho detenidos por los robos a supermercados y comercios con modalidad de saqueo y podría haber más bajas, ya que continúa el entrecruzando datos. La medida fue adoptada por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, luego de recibir información de la nómina de los detenidos de parte de su par de Seguridad, Aníbal Fernández.

“Vamos a ir con mucha contundencia a dar un mensaje claro: el programa Potenciar sólo tiene una intención, que es que se incluyan laboralmente aquellos hombres y mujeres que no tienen trabajo en la Argentina”, subrayó la funcionaria nacional. Tras haber realizado un primer entrecruzamiento entre la información aportada por Aníbal Fernández y el padrón de beneficiarios del plan social, se detectó que ocho de las 92 personas detenidas contaban con ese beneficio, por lo que se decidió que serán dados de baja.

En estas horas se estaban comparando los datos de una segunda nómina más ampliada, por lo que podría haber nuevas coincidencias que derivarían en nuevas bajas. La cartera conducida por la platense remarcó que las políticas de inclusión laboral que se llevan adelante “no pueden ser desvirtuadas”. “Todo el esfuerzo que hace el Estado nacional para incluir laboralmente no puede estar utilizándose para delinquir”, destacó el Ministerio.

Los robos a supermercados y otros comercios con la modalidad de saqueo se registraron en Córdoba, Mendoza y algunos distritos del conurbano bonaerense y generaron una serie de cruces entre el Gobierno y la oposición, principalmente con el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Un tuit del postulante sobre el tema fue duramente cuestionado por funcionarios nacionales, quienes lo vincularon con la organización de esos hechos.

Como consecuencia de esa acusación, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, fue denunciada, ya que apuntó contra Milei y lo responsabilizó por los saqueos, pero no realizó ninguna presentación judicial para dar cuenta de las pruebas para sostener sus dichos.

Además el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, pidió a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, la “suspensión” del “beneficio social asignado” a las personas que hayan sido “imputadas en las diferentes causas por la comisión de los delitos” de robos registrados en los últimos días, por lo que la funcionaria solicitó información al Ministerio de Seguridad.

En una nota enviada por el sistema de Gestión Documental Electrónica, Massa informó también a la ministra sobre el destino de un presupuesto de $700 millones, ampliable si hay más demanda, al Programa de Reparación para los comercios afectados por los robos de los últimos días. “Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de hacerle saber que he dispuesto el otorgamiento de un aporte no reintegrable de siete millones de pesos a los comerciantes que resultaran víctimas de los robos en poblado y en banda ocurridos la semana próxima pasada”, dice el texto de la misiva que el candidato a presidente de UP envió a la ministra de Desarrollo Social.

En el texto, sostuvo que: “En mérito a ello y atento al esfuerzo económico que hace el Gobierno en relación a estos sucesos, es que le solicito, tenga a bien proceder a la suspensión, en el marco de la normativa vigente del beneficio social asignado a las personas que hayan sido imputadas en las diferentes causas por la comisión de los delitos descriptos”. Massa había anunciado el miércoles pasado desde Washington que habría “reembolsos” para los comerciantes que en los últimos días sufrieron robos en distintos puntos del país.

El monto por comercio asciende hasta $7 millones en Aportes No Reembolsables (ARN), siendo alcanzados todos los comercios; los pequeños, de acceso automático; y los de más de 50 empleados, con el compromiso de cumplir con el acuerdo de Precios Justos, según se informó en esa oportunidad.

Se contemplan hechos ocurridos entre el 19 y el 24 de agosto en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Negro y Neuquén.

“El Ministerio de Desarrollo Social implementa políticas de inclusión laboral y esas políticas no pueden ser desvirtuadas. Todo el esfuerzo que hace el Estado Nacional para incluir laboralmente no puede estar utilizándose para delinquir, así que hemos tomado la decisión de darle la baja a toda aquella persona que haya actuado en estos hechos delictivos de los últimos días”, reportó en ese contexto la cartera encabezada por Tolosa Paz.

Sostuvo que “en función de ello, realizamos la solicitud al ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández, de la nómina de los detenidos para poder cruzar con la nómina del Potencial Trabajo”, y precisó que “en la primera nómina que envió el Ministro de Seguridad hay 8 de los 92 detenidos por los hechos de público conocimiento que se dieron la última semana”.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social, asimismo, señalaron que “hay una segunda nómina enviada por el Ministerio de Seguridad que se está entre cruzando con la base del Potenciar Trabajo”, por lo que “puede haber más bajas”.