22 de octubre 2014 - 00:00

Gobierno envía proyecto de Código Procesal Penal

Cristina de Kirchner defendió anoche el proyecto de nuevo Código Procesal Penal con respuestas a quienes critican la eventual acción de fiscales pro Gobierno cuando instruyan causas de funcionarios. Dijo que las leyes no son retroactivas. Habló de “guerra contra el crimen” y rescató la reincidencia como agravante.
Cristina de Kirchner defendió anoche el proyecto de nuevo Código Procesal Penal con respuestas a quienes critican la eventual acción de fiscales pro Gobierno cuando instruyan causas de funcionarios. Dijo que las leyes no son retroactivas. Habló de “guerra contra el crimen” y rescató la reincidencia como agravante.
El Gobierno anunció anoche el envío al Congreso del proyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal. El texto se conocerá hoy porque hasta anoche se hacían correcciones sobre el original en la oficina de Carlos Zannini. Cristina de Kirchner dio un discurso por la cadena nacional en defensa de la iniciativa, en particular de las críticas que había recibido de la oposición y de sectores de la Justicia sobre la base de documentos previos y de publicaciones del propio Gobierno. Puso el acento en que no habrá prescripción acelerada de causas, que se sostendrá el agravante de la reincidencia y la expulsión de extranjeros que cometan delitos. Ante las críticas sobre el paso del sistema indagatorio al acusatorio, que les da a los fiscales la instrucción de causas que hoy están en manos de los jueces, defendió la reforma de la Constitución de 1994 y apeló al nombre de Raúl Alfonsín.

La mandataria recordó que el expresidente envió un proyecto similar al Congreso en 1987 que no fue tratado por el Congreso y que fue ignorado por una reforma de 1991. También dijo que Alfonsín había sido el inspirador del sistema de procuración como "extra poder" y leyó textualmente el capítulo respectivo de la Carta Magna.

Esta defensa es por el reproche político de la oposición y de la Corte (ver nota aparte) a la procuradora general Alejandra Gils Carbó de alentar el protagonismo de fiscales cercanos al Gobierno que podrían ser lábiles en el tratamiento de causas sobre políticos acusados de tropelía. Al respecto, dijo que regirá el principio de no retroactividad de las leyes y que las causas que están en curso seguirán siendo instruidas por el viejo sistema.

La Presidente dijo que la reforma -cuyo texto había analizado horas antes en Olivos junto al ministro Julio Alak y el secretario Julián Álvarez, quienes la acompañaron en el momento de la grabación del mensaje- responde a una "demanda de todos los juristas y de la sociedad", en este último caso "por razones más sencillas y vitales: asegurar una administración de justicia más segura y que contemple la participación de las víctimas como contralor del proceso".

El proyecto, agregó, busca asegurar "una administración de Justicia que contemple la reparación a las víctimas". "Estamos respondiendo a una demanda de 205 jueces y camaristas y de toda la sociedad que nos pedía modificar el Código de Procedimientos Penales. Tenemos que asegurar a las víctimas el acceso a la Justicia", remarcó la mandataria.

En un pasaje del discurso hizo una reseña de los puntos principales del proyecto y señaló:

Las decisiones serán orales, con lo que se gana en contemporaneidad y rapidez.

Las causas se deben instruir en el término de un año y deben juzgarse entre 5 y 30 días de cerrada la instrucción. Si el juez no cumple con los plazos, serán sancionados el fiscal y el magistrado. A las tres sanciones, hay causal de jury.

El sistema acusatorio se aplica en todo el mundo. El sistema actual no ha servido.

Se termina la puerta giratoria. Se van a tener en cuenta los antecedentes y la reincidencia del autor cuando se decida la prisión preventiva. Es lo que pide la sociedad.

Quienes cometan delitos graves serán detenidos desde el momento de la instrucción y deberán ser juzgados en no más de diez meses.

Se contempla la expulsión de los extranjeros que sean sorprendidos 'in fraganti' en la comisión de un delito. "Los extranjeros que sean sorprendidos 'in fraganti' en la comisión de un delito serán expulsados por un término de 15 años. Esto no viola la Constitución porque nos basamos en el mismo criterio que rige para quitarles los fueros a los legisladores".

"Argentina -agregó- tiene una política migratoria que es un ejemplo en el mundo y es base de su formación como nación. Pero debemos proteger a los ciudadanos de los extranjeros que vienen al país a delinquir".

Se crea una comisión bicameral que vigilará el funcionamiento del nuevo Código y su aplicación en el tiempo.

Las causas en trámite siguen con el sistema actual, porque rige el principio de no-retroactividad.

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