Gobierno frenó también informe que complica concesiones viales

Claudio Uberti

El fracaso de la oposición en lograr ayer el quórum en Diputados para debatir los proyectos sobre seguridad bancaria (que no apoyan ni el kirchnerismo ni el Banco Central) y contra el infanticidio tienen un capítulo tanto o más frustrante aún para el antikirchnerismo que haber perdido la opción de debatir esos temas. El Gobierno también impidió ayer, como lo viene haciendo desde hace meses, que se ventilara en el recinto un informe de la Auditoría General con dictamen de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas sobre el manejo del OCCOVI (el órgano de control de concesiones viales que manejaba el ex viajero Claudio Uberti) en la renegociación de esas concesiones que termina directamente con una directiva para que el Congreso remita todo el expediente a la Justicia. Así, se instruye que se incorpore a todas las causas donde existan denuncias sobre el tema.

Ayer hubo explicaciones de todo tipo en la oposición para explicar la falta de diputados en el recinto. Hasta se alegó una reunión de comisión en el edificio Anexo que demoró la llegada de algunos legisladores, un error grave ya que el propio reglamento establece que las comisiones no pueden reunirse cuando está convocada una sesión.

Pero el saldo que dejaron así fue netamente a favor del Gobierno, que quería bloquear la sesión como fuera. En el orden del día estaba previsto el tratamiento del informe de la AGN sobre el OCCOVI y, además, un proyecto que crea la comisión investigadora sobre el accionar de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, la famosa ONCCA. No había nada entonces que al kirchnerismo le interesara en la reunión. Además, está en espera el tratamiento de otro informe sobre la Administración de Programas Especiales que complica seriamente a las obras sociales sindicales, especialmente por la falta de controles en la compra de vacunas e insumos.

El resultado del informe sobre la renegociación de concesiones de concesiones viales desde 2003 en adelante es de una dureza pocas veces vista en la AGN.

Allí se describen irregularidades detectadas en ocho auditorías realizadas entre 2004 y 2008, como las diferencias entre los informes del OCCOVI y la UNIREN sobre los saldos deudores que los concesionarios mantenían con el Estado a 2003, momento en que se terminaron los contratos y se inició el proceso de una nueva licitación.

También se cuestiona la falta de controles en los inventarios de bienes aplicados al servicio y el estado de cumplimiento de las inversiones que se habían comprometido en el origen de esas concesiones.

De ahí que se denunciaran irregularidades en la renegociación de concesiones con empresas que registraban incumplimientos totales.

Así, los diputados y senadores de la Mixta Revisora de Cuentas decidieron exigirle al Poder Ejecutivo que eleve sumarios para investigar el perjuicio fiscal que pudieron provocar esas operaciones. Pero todo eso quedó pendiente ayer con el fracaso de la sesión.

También está pendiente el informe sobre el APE, donde también se le pide al Gobierno que eleve a la Justicia los expedientes para sumarlos a las causas que tramitan en los juzgados de Julián Ercolini, Norberto Oyarbide y Claudio Bonadío en los tribunales federales porteños.