Gobierno lanza en Diputados “primavera” anticorrupción

Crean figura “autónoma” en el Código Civil para habilitar decomiso de bienes. Dudas por jerarquía constitucional del derecho a la propiedad.

LONDRES. Diego Santilli se reunió con la Scotland Yard. También visitará a la Policía de Ámsterdam para sumar técnicas investigativas en CABA.

El Gobierno nacional flota sobre la "primavera" de la corrupción: al relanzamiento de la agenda económica de Mauricio Macri en el Congreso -vía blanqueo, pago a jubilados y reforma tributaria-, se sumará este jueves la aprobación de la ley del arrepentido y de decomiso de bienes a partir de las detenciones de Lázaro Báez, José López e Ibar Pérez Corradi.

Ayer hubo intercambio de mails entre el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, y la diputada massista, Graciela Camaño. En la Cámara baja se pule la versión original del proyecto de ley del arrepentido enviado desde el Ministerio de Justicia de Germán Garavano. El Poder Ejecutivo Nacional había enviado la iniciativa limitada a delitos generales como la trata, el narcotráfico, contrabando y secuestro. Pero no existía una aplicación específica para delitos de corrupción. Detalles de forma que Negri y Camaño terminarán de definir con el macrista Daniel Lipovetzky, presidente de la comisión de Legislación General, cuerpo que será cabecera en el plenario de mañana a las 15.30 junto a las comisiones de Justicia (a cargo del radical Diego Mestre) y de Presupuesto y Hacienda (presidida por Luciano Laspina del PRO).

La ley del arrepentido tiene 18 artículos y establece la posibilidad de reducir o eximir penas a imputados o condenados que brinden "información precisa, comprobable y útil" que permita "evitar la consumación o continuación de un delito; ayudar a esclarecer el hecho objeto de la investigación u otros conexos; revelar la identidad de coautores, partícipes o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos, o la intervención de otras personas; permitir la recuperación de bienes y el producto o provecho del delito; y revelar la estructura jerárquica o división de tareas para la comisión de delitos previstos en esta ley". Pero, así como la ley de blanqueo de capitales excluye a funcionarios públicos de los tres niveles del Estado y a sus familiares, la ley del arrepentido tampoco es para todos: impide la posibilidad de "arrepentirse" a los "jefes, fundadores, cabecillas o dirigentes principales de organizaciones criminales", y también a los funcionarios cuya remoción de sus cargos esté sujeta a juicio político.

Más compleja, desde su estructura legal, asoma la ley de extinción de dominio que impulsan Sergio Massa y Camaño. Para eso se crea una "acción autónoma" en el marco del Código Civil y Comercial de la Nación inspirada en los ordenamientos jurídicos de Colombia, Ecuador y México. El temor en el Gobierno nacional es que la ley sea de difícil aplicación ya que el derecho de propiedad cuenta con jerarquía constitucional en la Argentina y está blindado por tratados internacionales. De acuerdo al dictamen que intercambian entre Cambiemos y el Frente Renovador, tanto el proceso de decomiso de bienes provenientes de la corrupción y extinción de dominio se regirá por el derecho civil. Y el Estado, a través de una medida cautelar, podría acceder a esos bienes o ganancias adquiridas por medios ilícitos "para destinarlos a fines sociales". Para eso se establece un proceso expedito de carácter oral y público. En caso de que el acusado de corrupción apele la medida cautelar para defender su patrimonio, la ley prevé una acción directa ante la Cámara para acortar los plazos. Se trata de una especie de "in dubio pro Estado" que podría ser cuestionado también desde la garantía constitucional de derecho a la defensa en juicio.

La sesión especial en Diputados se realizaría el próximo jueves siempre y cuando Cambiemos logre quórum de 129 bancas ocupadas con la ayuda del Frente Renovador y el Bloque Justicialista. Buscarán además aprobar el allanamiento al domicilio de Julio De Vido, superior inmediato de José López, exsecretario de Obras Públicas de la Nación.