Gobierno logró parar por ahora acciones judiciales

La Justicia en primera instancia rechazó pedido para frenar la audiencia pública, pero el fallo se apela hoy ante la Cámara de La Plata.

El Gobierno consiguió -por ahora- conjurar el frente judicial que amenazaba con suspender la audiencia pública por la discusión de la tarifa de gas que comenzará mañana. El juez federal de La Plata, Alberto Recondo, rechazó en términos formales un planteo del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) que había denunciado un incumplimiento oficial al fallo de la Corte Suprema de Justicia por la ausencia de datos concretos sobre el precio de producción del fluido, cuyos valores deberán ser incluidos en el debate.

Sin embargo, el magistrado no alejó del todo el peligro sobre la convocatoria oficial ya que no analizó el fondo de la cuestión (con lo que no le otorgó la razón al Ejecutivo) y hasta sugirió que debía presentarse un amparo de manera autónoma para que los tribunales se expidan. La ONG apelará hoy la medida a la Cámara Federal de La Plata, cuyo fallo del 7 de julio determinó el freno al tarifazo.

En paralelo, una denuncia penal ingresó en Comodoro Py contra el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y el interventor del Enargas, David Tezanos, por la instrumentación del tarifazo original, vetado por la Corte. En el mismo escrito, se solicitó que se suspenda la audiencia para discutir el nuevo cuadro tarifario. La presentación fue realizada por el abogado Antonio Liurgo, un exasesor en la Legislatura porteña del diputado Marcelo Parrilli, y recayó en el juzgado de Julián Ercolini.

La denuncia planteó que se dispuso "un incremento del precio del gas en boca de pozo que le generaría al Estado un incremento del orden de los u$s3.000 millones, modificando de oficio el precio del millon de BTU en boca de pozo de u$s2 a más de u$s5". Según la denuncia, mediante ese esquema de precios, la Argentina estaría "abonando el gas más caro del mundo en boca de pozo, por voluntad y decisión del primer mandatario y el ministro de Shell SA". Rechazó así que se trate de un incentivo a la inversión petrolera y puso bajo sospecha los motivos por los que no se informan los costos de producción discriminados por cuenca y empresa, previo a la audiencia.

Las denuncias a los funcionarios incluyen "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, resistencia o desobediencia a funcionario público, defraudación por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública". Por las resoluciones en materia de aumentos, Aranguren ya había sido denunciado en una causa bajo la órbita de Luis Rodríguez, que incluye además presuntas irregularidades en la importación de gas de Chile.

Respuesta

El Gobierno se apuró a contestar el informe que solicitó Recondo en la demanda iniciada por Cepis y argumentó que cualquier litigio debía hacerse en el fuero contencioso administrativo de la Capital Federal, jurisdicción donde se llevará a cabo la audiencia, y un fuero más amigable con el oficialismo. La presentación añadió un curioso tecnicismo: que la Corte no había ordenado realizar las audiencias públicas, sino que había volteado el tarifazo por la ausencia de ellas, lo que tornaba "improcedente" el reclamo. El magistrado terminó por darle la razón al Gobierno en este último punto.

Recondo concluyó que los actos preparatorios de la audiencia (y la presunta ausencia de información respecto a los costos del gas) son hechos nuevos que deberían ser impugnados ante otros jueces y por vía separada al fallo de la Corte. Aun así, rebotó el intento del Gobierno para cambiar de jueces, argumentando que en procesos colectivos no se permitía presentar ese tipo de planteos.

"Una postura como la esgrimida por los representes del Estado Nacional, amén de vulnerar el acceso a los estrados por parte de los justiciables que residen a cientos de kilómetros de la Capital, deja vacía de contenido la competencia en lo Contencioso Administrativo de los Juzgados y Cámaras Federales del interior del país", los retó. Aunque rechazó la demanda de Cepis, Recondo lo hizo "sin perjuicio del ejercicio de las acciones o recursos que puedan corresponder a las partes ante los jueces competentes", lo que abrió la puerta a nuevos planteos y a la revisión que a partir de hoy tendrá que hacer de apuro la Sala II de la Cámara platense.