Gobierno: mañana, cumbre clave por las primarias

Santiago Corcuera, Florencio Randazzo, María Servini de Cubría

El Gobierno sondeará, en directo, la actitud de los jueces federales y la Cámara Nacional Electoral sobre el proceso, reformas incluidas, que desencadenará en las presidenciales del 23 de octubre próximo, previo paso por las primarias pautadas para el 14 de agosto.

El ministro de Gobierno, Florencio Randazzo, se reunirá mañana a media mañana con los titulares -o emisarios- de los 24 juzgados electorales y Santiago Corcuera, Rodolfo Munné y Alberto Dalla Vía, miembros del tribunal máximo en materia comicial.

Es, dicen en Gobierno, una cita de rigor: una cumbre que se repite, un año antes de cada elección, para un diagnóstico integral sobre el proceso. Pero en este caso tiene un condimento adicional: en 2011 regirá un paquete de reformas, entre ellas el régimen de primarias.

La cita, en ese contexto, servirá como mapeo para testear -tanto desde el Gobierno como desde la Justicia- en qué instancia se encuentra, a poco menos de un año de la elección, la reforma electoral. Los capítulos por abordar son varios y complejos: 

El punto más inquietante, al menos desde la mirada de la política, refiere a si se mantendrá en pie o no el régimen de primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. El Gobierno insiste con que las mismas se realizarán y ratifica la fecha del 14 de agosto. Hay, incluso, un análisis interno en sectores K según el cual, luego de la muerte de Kirchner, el esquema de primarias resulta más conveniente porque, como mínimo, complica a la oposición. Hace tiempo, un dirigente histórico del PJ bonaerense metaforizó con que «las internas abiertas eran un traje a medida para un hombre que, unos meses después, no se sabía si estaría gordo o flaco». La foto actual sugiere que, además de demorar los tiempos de la UCR -por eso, la idea radical de las internas propias-, aporta un atajo para que actores y grupos del PJ disidente puedan arrimarse al Gobierno como «competidores» en la primaria. 

Si, de acuerdo con esa mirada, el Gobierno cree «conveniente» la primaria, el otro frente desde donde podrían surgir inconvenientes es el netamente judicial. La sospecha, previsible, es que si surgen objeciones desde los magistrados, las mismas serían «funcionales» a un deseo de la Casa Rosada de que se caigan las primarias. En ese caso, ¿los jueces, motu proprio, promoverían la suspensión de esas internas incluso a pesar de la voluntad del Gobierno de que se hagan? Parece poco probable. De hecho, los ruidos respecto de la reforma electoral no tienen que ver, en su origen, con las internas sino con el cambio de mano en la confección de los padrones, que fue trasladada de los jueces federales con competencia electoral de cada distrito a la Cámara Electoral, lo que generó chispazos y tensiones entre ambas instancias judiciales. Esa disputa no está saneada, pero bajó de intensidad. Fue María Romilda Servini de Cubría, instalada en un despacho clave, el porteño -donde se registran las candidaturas nacionales-, quien encabezó esa rebeldía. 

En ese marco, Randazzo, que irá con su dos colaboradores en la materia, Eduardo «Lalo» Di Rocco y Norberto García, además del director nacional electoral, Alejandro Tulio, tendrá la oportunidad para transmitirles certezas a los jueces y, además, escuchar de éstos las demandas para que no haya inconvenientes, en el tránsito, para que se realicen las primarias y se llegue con el nuevo esquema electoral a 2011 que, además, incluirá otras cuestiones como el régimen centralizado de campaña, ítem que está en stand-by porque aparece directamente vinculado al destino de la nueva ley de medios. 

Sobrevolará -quizá no se aborde de manera directa- otra cuestión sensible: cómo incidirá la ley nacional de primarias sobre las normas provinciales, caso que impacta puntualmente en el mayor territorio electoral, la provincia de Buenos Aires, que «cedió» autonomía cuando incluyó, por pedido/presión de Néstor Kirchner, un párrafo en el que explicitaba la simultaneidad de ambas elecciones. En ese marco, adquiere particular interés el tema tabú de las «colectoras» o «adhesiones», prohibidas expresamente por las dos leyes pero que, mediante un artilugio, podrían habilitarse sólo en una instancia: dos listas provinciales distintas, referenciadas en dos partidos o dos frentes que compiten entre sí, podrían integrar a nivel nacional un mismo frente electoral que les permitiría llevar la misma fórmula presidencial, pero también estarán obligadas a llevar otros tramos: senadores y diputados nacionales. Ese es uno de los aspectos en que la definición última -aceptar esos frentismos cruzados- está en poder de los magistrados, en la primera instancia, y de la Cámara, en la última.