Gobierno ratificó: escuchas son de la Corte

En pleno affaire por la difusión de escuchas judiciales, el Gobierno cerró filas con la Corte Suprema de Justicia y publicó ayer en el Boletín Oficial una modificación reglamentaria en la estructura del organismo encargado de realizar las intervenciones telefónicas, pero ratificó el control del máximo tribunal sobre las intercepciones. "La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictará el reglamento de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación; dicho organismo estará a cargo de dos jueces penales con rango de juez de Cámara", estableció el Decreto N° 102/17, lo que en rigor implica la prórroga del mandato que los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra (o quienes la Corte disponga) tienen desde que el Ejecutivo trasladó por decreto las escuchas desde la Procuración al Poder Judicial. El Alto tribunal confirmó que serán ellos quienes sigan a cargo, con lo que los respaldó luego del cuestionamiento de Oscar Parrilli y de gran parte del kirchnerismo que los responsabilizó por la difusión de los audios. El decreto estableció también que "quien haya actuado como director general no podrá ejercer nuevamente ese cargo hasta transcurrido un período de seis años", aunque hizo la salvedad para los casos de Irurzun y Leal de Ibarra en el Decreto de Necesidad y Urgencia dado a conocer ayer. "La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado es un organismo del Poder Judicial. Según la normativa vigente, es un órgano independiente y autónomo en su gestión y funcionamiento", indicó la Corte.