Los senadores opositores asestaron ayer un golpe al oficialismo al aprobar y girar a Diputados un proyecto que declara la emergencia social por un año, el incremento durante ese lapso de un 15% de los valores de la Asignación Universal por Hijo y por embarazo, y la creación de un millón de puestos de trabajo.
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Según la iniciativa impulsada por el Frente para la Victoria y el GEN, el Estado deberá hacerse cargo de un costo fiscal que supera los $50.000 millones, en momentos en que Cambiemos hace malabares para intentar un ajuste que no llegará este año a cumplir con las expectativas.
No obstante, y pese a la marcha que realizará mañana hasta el Congreso el tándem piqueteros-CGT, el texto tiene nulas chances de ser sancionado este año.
El problema radica en que Diputados tiene hasta el 20 de noviembre para dictaminar en el período de sesiones ordinarias, y el Gobierno nacional no incluirá este debate en el temario de sesiones extraordinarias.
La oposición sabía eso ayer en el Senado, pero decidió avanzar igual y jugar con la posibilidad de un nuevo veto de Mauricio Macri (como con la emergencia laboral) en 2017, es decir, en año electoral. Así, los legisladores se adelantaron a la macha piquetera-sindical y quedaron en el primer escalón del reclamo.
Anteayer, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, dejó al desnudo a legisladoras K por su flamante preocupación en cuanto a la creación de trabajo, ahora con un INDEC que desempañó las cifras y marcó una alarmante pobreza de más del 32%.
Stanley recordó, por caso, que la emergencia alimentaria "está vigente desde 2003", pero que nunca estuvo del todo activa debido al olvido del Gobierno anterior de crear la comisión de seguimiento de dicha emergencia.
En el recinto, la titular del bloque PRO, Laura Machado (Córdoba), aseguró que el Gobierno anterior destinó en el Presupuesto 2016 "el 14% del PBI para gasto social, mientras que Cambiemos llevará ese número para el Presupuesto del próximo año hasta el 15,5% del PBI".
En tanto, el radical Luis Naidenoff disparó: "Si el objetivo deseado es tan chico como sancionar una ley para que el final del camino sea el veto, lo que se logra es generar una enorme expectativa para un sector que la está pasando muy mal. Tenemos 32% de pobres en la Argentina. Peor es esconderlos".
Uno de los impulsores principales fue el senador Juan Manuel Abal Medina, del FpV: el exjefe de Gabinete de Cristina de Kirchner calificó de "histórica" la iniciativa y bajó el precio del gasto para el Estado, ya que aclaró que el financiamiento podría salir de un proyecto de ley presentado en Diputados que busca gravar, entre otras cosas, el juego.
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