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Guerra con Santa Cruz por cierre de hangares sanitarios
Hangares en la Base Aerea de Río Gallegos quedaron en medio de una disputa entre la Nación y la provincia de Santa Cruz. La familia Kirchner y el caso Lázaro Baez sirvieron para alimentar historias sobre su uso.
La guerra por el acceso a las instalaciones comenzó justo en coincidencia con el torbellino judicial que desató el juez federal Sebastián Casanello en búsqueda de bienes mal habidos de Lázaro Báez. Los hangares de la discordia están ubicados en proximidad de la cabecera 25 de la pista de la Base Aérea Río Gallegos. Se construyeron en la década del 70, previo a la disputa de soberanía con Chile por la traza del canal Beagle. Son edificaciones especiales denominadas búnker (aunque se los llama hangares) para alojar aviones de combate y proveen cierto resguardo contra ataques furtivos. Se diseñaron para la protección del escuadrón de Mirage.
A mediados de 2014 la administración Kirchner dispuso la cesión de esas instalaciones al Ministerio de Salud de la Nación. Quedaron bajo la órbita del Centro Coordinador de Articulación Local de Políticas Sociosanitarias con sede en Santa Cruz, cargo que desempeñaba Rocío García, esposa de Máximo Kirchner. Los depósitos tenían un movimiento intenso de cajas etiquetadas como insumos medicinales, móviles sanitarios y camiones, refirieron a este diario fuentes aeronáuticas. Con el resultado adverso de la elección presidencial, antes de la partida del poder, los hangares se transfirieron del Ministerio de Salud de la Nación al de la provincia de Santa Cruz.
La gobernadora electa, Alicia Kirchner, designó a Rocío García al frente de la cartera de Salud provincial y los búnkeres de la disputa continuaron así bajo su órbita.
La tensión por esos hangares esconde sospechas de efectivo atesorado. Mito o no, hay elementos que alimentan esa especulación. Fernando Butti, excontador de Báez, era una especie de encargado del movimiento de insumos y elementos de ayuda sanitaria que pasaban por esos hangares, su actividad dependía de Salud de la provincia, las cajas llegaban a su nombre. En la tarea lo secundaba Rolando Nervi, un amigo de la infancia.
El último empleo registrado de Butti fue para Austral Construcciones, desde septiembre de 2003 hasta julio de 2007. Luego, según se dice en el ambiente de Río Gallegos, la relación con Báez terminó por diferencias financieras en un negocio gastronómico y en la compra de unas estancias en Santa Cruz.
El comodoro Walter Brunello, jefe de la base de Río Gallegos, recibió la orden verbal directa de Walter Ceballos, secretario de Coordinación Militar para la Emergencia del Ministerio de Defensa, de prohibir el acceso a los hangares y garantizar la inmovilidad de insumos y de la maquinaria alojada en esos depósitos.
La provincia reaccionó y envió a Nervi acompañado por una escribana, quien labró un acta reflejando la prohibición de ingreso. La escalada obligó a Ceballos a dejar por escrito su instrucción a los mandos aeronáuticos. En la nota, girada el 13 de mayo pasado, al titular de la fuerza, brigadier Enrique Amreim, le pide: "Garantizar la inmovilidad y prohibición de ingreso a los depósitos de ese ministerio que se encuentran localizados en la Base Aérea de Río Gallegos, hasta tanto se designe un nuevo delegado sanitario federal de dicho ministerio en la provincia de Santa Cruz". El texto de Ceballos finaliza con una frase que cubre las posibles consecuencias de la interdicción militar: "...asumo la total responsabilidad de las acciones del personal actuante en el efectivo cumplimiento de la solicitud que nos realizó el viceministro de la Nación Argentina, doctor Néstor Pérez Baliño".
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