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Hasta el fiscal pide absolver a Garzón en el más polémico juicio
Como ya ocurrió con el primer proceso, mientras el juez español Baltasar Garzón comparecía ante el Tribunal Supremo en Madrid, sus simpatizantes se manifestaban frente al edificio contra lo que entienden es una persecución político-judicial.
Garzón, el juez español que se dio a conocer internacionalmente tras ordenar en 1998 la detención del dictador chileno Augusto Pinochet, está acusado de prevaricato por haber abierto la investigación omitiendo la existencia de la Ley de Amnistía aprobada en España en 1977 durante la transición a la democracia.
Lo curioso, según los críticos del proceso que denuncian una persecución política, es que las instancias judiciales superiores de España permitieron en momento al propio magistrado investigar a represores argentinos y chilenos pese a la existencia en sus países de leyes de perdón. La doctrina de la imprescriptibilidad y del carácter universalmente punible de las violaciones a los derechos humanos se aplicó en esos casos, pero no para España.
Dos asociaciones ultraderechistas, Manos Limpias y Libertad e Identidad, presentaron sendas querellas contra la actuación del juez, admitidas a trámite, y por las que ayer se sentó en el banquillo de los acusados (ver aparte).
El juicio, en el que el magistrado -hoy suspendido- se enfrenta a la petición de hasta 20 años de inhabilitación, comenzó en el Tribunal Supremo español en medio de una gran expectativa y con la presencia de representantes de varias organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos que asisten como «observadores».
La defensa de Garzón y la Fiscalía pidieron la nulidad de la causa y descalificaron la labor del juez instructor de la misma, Luciano Varela, al que acusaron de tomar partido y de haber perdido «su imparcialidad».
El ministerio público, ejercido por el fiscal Luis Navajas, calificó de «absolutamente insólita e insostenible» la actuación de Varela.
El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, afirmó que el instructor «vulneró normas esenciales del procedimiento, tomó partido y perdió su imparcialidad» al sugerir la forma en la que el sindicato ultraderechista Manos Limpias, en 2010, debía corregir los errores de su escrito de acusación contra el magistrado.
Garzón, que a su llegada al Tribunal fue recibido con aplausos y gritos de apoyo por simpatizantes, es juzgado por haberse declarado competente para investigar, en virtud de la ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007, las denuncias de asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.
Sin embargo, el 18 de noviembre de 2008, el propio Garzón decidió inhibirse en la investigación que había lanzado un mes antes y que había generado una fuerte polémica en España entre partidarios y detractores de la misma.
El magistrado se inhibió a favor de los juzgados territoriales en los que están ubicadas las fosas comunes donde se sospecha que pueden encontrarse los restos de personas desaparecidas en la Guerra Civil y durante la dictadura, algunas de las cuales había ordenado abrir para proceder a la exhumación.
El juez explicó entonces que dejaba de instruir la causa porque ya no hay responsables directos vivos contra los que dirigir la acción penal, aunque consideraba que los delitos permanecen y no prescribieron.
Su decisión se produjo días después de que la Audiencia Nacional española paralizara la apertura de fosas para exhumar los restos de desaparecidos ordenada por el juez.
Garzón había autorizado la apertura de una veintena de fosas a petición de familiares de desaparecidos y asociaciones que reclaman la recuperación de la memoria histórica.
Entre las fosas cuya apertura autorizó estaba la de la provincia de Granada, en Andalucía, en la que se sospechaba que pudieran estar enterrados los restos del poeta Federico García Lorca, fusilado el 18 de agosto de 1936, sitio que fue excavado a finales de 2009 sin resultado.
Garzón se declaró competente para llevar a cabo la investigación tras recibir las denuncias de familiares y al considerar que las desapariciones son delito de detención ilegal y encajan en el marco de crímenes contra la Humanidad.
El magistrado afrontó ayer el comienzo de su segundo juicio solo una semana después de otra causa judicial, en la que se sentó en el banquillo en la misma corte por ordenar escuchas a los acusados en un caso de corrupción.
Si las peticiones de nulidad no son admitidas, la vista sobre la investigación del franquismo se reanudará el próximo martes con la declaración de Garzón.
Agencias EFE, Reuters, DPA y ANSA, y Ámbito Financiero
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