• A ÚLTIMA HORA RECHAZARON APARTARSE. • VAN POR REAPERTURA DE DENUNCIA. Con sus propios votos denegaron el planteo para correrse y mantuvieron a la jueza Figueroa. Fijaron fecha de audiencia para el 19-12. Dilatan definición.
Anticipo. Ámbito Financiero anticipó el jueves pasado que ambos camaristas iban a rechazar de plano su recusación.
Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos avanzaron ayer en su intento por aferrarse a la causa por la reapertura de la denuncia del fiscal Alberto Nisman en la Cámara Federal de Casación Penal. Por mayoría, definieron ellos mismos rechazar sus propias recusaciones tal como había adelantado Ámbito Financiero. De paso, salvaron a la camarista Ana María Figueroa, que ante la crisis interna había pedido ser apartada para forzar un desenlace. Fue el primer paso, previo a tomar una decisión sobre el expediente para el que fijaron (patearon) fecha de audiencia para el 19 de diciembre, días antes de que comience la feria judicial. Pese a que deberán aguardar que termine la ronda de notificaciones a las defensas, lo que podría sumar nuevos obstáculos, los camaristas se apuraron a rechazar los planteos y se pronunciaron sobre el pedido de inhibitoria relacionado con los expedientes que tramitan en la Sala II del tribunal, históricamente el lugar donde eran tratadas las conexiones con la causa AMIA.
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Con el voto de ambos y en coincidencia con la presión que venía formulando la DAIA en un expediente cuyo desarrollo quedó salpicado por rencillas internas, en un mismo paso rechazaron sus propias recusaciones por "manifiestamente improcedentes", y a la vez los pedidos de inhibitoria. Así, buscaron encapsular la controversia que había generado un escándalo por las sucesivas excusaciones y pedidos de apartamiento. Sin embargo, la relación de este expediente con los relacionados con el de la AMIA en la Sala II debió haber seguido el procedimiento de rigor en el que otros camaristas se pronuncien sobre su eventual conexidad. Esto había dejado un tribunal casi desierto ya que todos los jueces registraban antecedentes de haberse apartado en casos vinculados. A ellos se sumó en las últimas horas la camarista Ángela Ledesma, quien se excusó (pese a ser una de las dos habilitadas) mascullando bronca contra Hornos y Borinsky. Con este escenario, jueces de la Cámara Nacional de Casación (ordinaria) deberían haber integrado una sala especial para comenzar a desmalezar la maraña de excusaciones, recusaciones e inhibitorias.
Como adelantó este diario, tanto Hornos como Borinsky alegaron que sus anteriores pedidos para apartarse no guardaban relación con la denuncia contra Cristina de Kirchner, y que eran sólo válidas para los expedientes donde las habían pedido. Pero por otro lado, varios camaristas ven motivos de la refriega más allá del expediente en cuestión: una cruda lucha de Hornos y Borinsky por mantener las subrogancias durante 2017. Al ocupar las vacantes en la Sala I y sus cargos titulares en la Sala IV, están habilitados para intervenir de forma estratégica en la mitad de los expedientes que escalan a Casación. Tanto en el Ministerio de Justicia como en el Consejo de la Magistratura (el bloque oficialista) apuestan a que esas suplencias continúen, pese a que deberán sortear un plenario de la Cámara en el que se dirimirá el reparto de salas.
Por lo pronto, Figueroa sorprendió con su excusación en la que alegó presión mediática en la que se la catalogó como una jueza K. Hornos y Borinsky salieron en su defensa, argumentando que ninguna de las publicaciones hacía mella en su imparcialidad. La semana pasada hubo gritos frente al despacho de Borinsky cuando Figueroa lo increpó como el artífice de aquella avanzada en su contra.
Más allá del rechazo de plano a la recusación planteada por la defensa del excanciller Héctor Timerman, el pedido de inhibitoria alegado por el abogado Alejandro Rúa referido a la concentración de expedientes en la Sala II podría terminar en la Corte Suprema. Eso todavía sin abocarse a la pretensión de querellante de la DAIA que adjuntó un acta de directorio en la que se ratifica la voluntad de la cúpula en avanzar con la acusación privada. Sin embargo, ese papel presentado a las apuradas (y fuera de término) no subsana el poder especial para querellar previsto en el Código Procesal. Hornos y Borinsky podrán ahora considerarlo válido, a contramano de la opinión del fiscal Javier De Luca.
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