25 de septiembre 2013 - 18:46

Impulsan nuevo Código y Corte desconfía por plazo

• Ministros condicionarán su apoyo al dictamen que se logre en el Congreso

Ricardo Lorenzetti, Julio Alak
Ricardo Lorenzetti, Julio Alak
La Corte Suprema de Justicia analizó ayer el acercamiento del Gobierno, tras meses de fricciones, para impulsar la reforma del Código Civil y Comercial en el Congreso antes de que termine el año legislativo. El máximo tribunal entiende que la norma tiene pocas o nulas chances de contar con respaldo legislativo. "Se acordaron tarde; esto había que votarlo el año pasado", deslizaron los justices respecto de la visita que ayer realizó a la Corte el ministro Julio Alak.

El proyecto de reforma tuvo por protagonista desde el comienzo a Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, quienes al mismo tiempo se ocuparon de defender su propuesta de supervisar el intercambio con el Poder Ejecutivo. "Ahora sólo tienen dos meses para votar el proyecto; después se vence el mandato de media bicameral. Esto puede terminar como un zafarrancho y eso nosotros no lo vamos a apoyar", expresaron los ministros. Aparecen además complicaciones de índole ejecutiva: según interpretan en la Corte, el tema de la reforma en el Congreso se encuentra bajo la órbita del secretario de Justicia Julián Álvarez, quien el lunes también peregrinó hasta el cuarto piso del Palacio de Tribunales, el mismo edificio que en sus conferencias tilda de oscuro y elitista.

El viceministro -recordó ayer por la mañana un secretario letrado- viene de realizar una intensa campaña en la Facultad de Derecho de la UBA contra la reelección de la decana Mónica Pinto. Su agrupación perdió en todos los claustros y la estocada final fue el hecho de que su único consejero disponible para la votación, el funcionario Sebastián Rey, también se inclinó por Pinto.

La reforma judicial es otro issue que endurece aún más a ciertos ministros del tribunal. Ocurre que Álvarez fue uno de los encargados, junto con Carlos Zannini, de redactar la reforma judicial que se derrumbó en la Corte por inconstitucional. El diagnóstico final fue contundente: "Leeremos el dictamen que se logre en la comisión, pero desde ya que todo parece poco serio". Los justices entienden que se han hecho demasiadas modificaciones y agregados a ese documento.

Conversaciones que transcurren en paralelo al debate final por la ley de medios. El tema se encuentra presente y en todos los acuerdos se escucha alguna opinión, pero todavía habrá que conocer los borradores que debe redactar cada ministro.

El último intento para la reforma obedece a la estrategia de apaciguar los ánimos entre el Gobierno y la Corte y a una tesis que acuñan sectores del oficialismo que sostienen que en noviembre, luego de un resultado adverso en las elecciones, la Corte podría tener un gesto de grandeza institucional y votar por la aplicación de la ley de medios.

Esta teoría, por momentos psicoanalítica, generaba ayer comentarios despectivos en tres vocalías del tribunal.

Esa interpretación coincide, al menos en los hechos, con el aparente eclipse de la corriente Justicia Legítima, que supo tener en la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, a su principal referente.

Especulaciones y apuestas que animan largas tertulias en el Jockey Club, donde los miembros de la Corte (y exintegrantes) tienen una suerte de pase vitalicio.

El análisis de la Corte y los comentarios críticos sobre el proyecto de reforma del código serán analizados ahora por el Poder Ejecutivo, que pareció confiar en un acercamiento que ya había generado una foto previa la semana pasada cuando Sergio Berni visitó a Lorenzetti para hablar de seguridad en las provincias del norte.

"Simplemente lo exhortamos a trabajar en coordinación con las Cámaras de Salta y Tucumán, dado que la situación en la frontera es muy difícil por los tráficos de todo tipo", explicaron los ministros.

En esas provincias la situación de los despachos judiciales es compleja por la falta de jueces y por el consecuente alto grado de subrogancias. A esa precariedad se ha sumado la migración de fuerzas de seguridad federales hacia la región metropolitana para enfrentar la crisis de inseguridad.

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