La fiscal en lo Penal Económico Gabriela Ruiz Morales pidió investigar a Caló y a otros directivos de la Unión Obrera Metalúrgica por el supuesto cobro irregular, entre 1987 y 2008, de 20 mil dólares mensuales cada uno correspondientes a una porción de lo que recaudaba el gremio entre sus afiliados en concepto de seguros de vida y sepelios. El planteo fue elevado al juez Pablo Yadarola, que deberá resolver si darle curso o no.
La causa surgió junto con la condena, en otro juicio, a un año y nueve meses de prisión contra Segundo Pantaleón Córdoba, exletrado de la UOM, por haber intentado sacar del país en un auto, hacia Uruguay, 800 mil dólares no declarados. En ese proceso, Córdoba señaló a sus exjefes en la UOM por los presuntos cobros irregulares.
Ayer no hubo un pronunciamiento de Caló ni de otros miembros del gremio. Sin embargo, dos semanas atrás, anoticiado de la sentencia contra Córdoba y del pedido del tribunal que lo condenó, el metalúrgico dijo en radio América que "no hubo ninguna malversación" de recursos en la UOM y que fue "en persona" quien despidió al exabogado de la organización por sospechas sobre su accionar.
Tampoco hubo declaraciones formales de sus colegas de la CGT oficialista. Sin embargo, las primeras reacciones fueron adjudicar la imputación a una cuestión interna de la UOM. En otras palabras, la mayoría de los pares de Caló optó por no involucrarse. De hecho, en algunos sectores admitieron por lo bajo que el posible debilitamiento del líder metalúrgico puede representar un aliento para las gestiones de reunificación de la CGT (que Caló resiste) y una pérdida de protagonismo del dirigente en la campaña de Scioli.
El sindicalista, además, logró superar hasta ahora algunos cuestionamientos internos derivados de su alineamiento con Cristina de Kirchner y del resultado de las últimas paritarias metalúrgicas, aunque podrían resurgir por la acusación y potenciarse, además, frente al proceso de elecciones internas en la UOM.
| M.M. |
Dejá tu comentario