Tras denuncia de Marijuan, pidió medida de “no innovar” para que el organismo de la seguridad social aporte fondos para mantener al personal y estructura de esa oficina.
Acusado. Hace una semana y apenas trascendió la rotura del convenio, Marijuan denunció a Emilio Basavilbaso, titular de la ANSES, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El caso recayó en el juzgado a cargo de Sebastián Ramos.
La fiscal federal Paloma Ochoa requirió ayer que se investigue al titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, por la decisión de no prorrogar un convenio de ese organismo con la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra la Seguridad Social (UFISES) que se especializaba en investigar delitos vinculados a irregularidades en el manejo de esos fondos. Ochoa solicitó además que se disponga una medida de "no innovar" para garantizar que la ANSES continúe aportando los recursos para el funcionamiento de la UFISES hasta que se resuelva el conflicto de fondo. Desde esa unidad se había denunciado que la medida dispuesta por Basavilbaso era una reprimenda a denuncias realizadas por el fiscal Gabriel De Vedia por manejos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad bajo la órbita de la ANSES. De fondo subyace la pelea del Gobierno nacional con la procuradora general Alejandra Gils Carbó.
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La causa se inició por una denuncia presentada el 8 de junio pasado por el fiscal Guillermo Marijuan, y está a cargo del juez Sebastián Ramos. Marijuan había sido desde 2002 el encargado de esa unidad fiscal especializada, hasta ser desplazado por la jefa de los fiscales. Fuentes judiciales indicaron que Ochoa en su requerimiento sostuvo que los recursos que la ANSES aporta a la UFISES están incluidos en la Ley de Presupuesto nacional, por lo que no deberían ser redireccionados. Marijuan, en su denuncia impulsada ayer por su colega, remarcó que "todo el actuar por parte del funcionario público denunciado conduce, necesariamente, al desmantelamiento de la unidad, al colapso, atraso y entorpecimiento de sus investigaciones en curso" ante esa unidad fiscal. Ochoa le pidió así a Ramos que disponga una medida que no ponga en vigencia la nueva resolución firmada por el funcionario que ordenaba el cese de ese convenio con el Ministerio Público Fiscal y delegaba en el área de Asuntos Jurídicos de ANSES el diseño de una nueva plataforma para tramitar ese tipo de expedientes inherentes a la judicialización de irregularidades vinculadas con la seguridad social.
Basavilbaso firmó el viernes 2 de junio pasado la resolución por la que dio de baja de manera unilateral el acuerdo que se venía prorrogando entre la ANSES y el Ministerio Público Fiscal desde el año 2002, cuando fue creada la unidad fiscal especializada.
La decisión implica, en los hechos, que la ANSES dejaría de aportar todos los recursos y el dinero para abonar el salario de los trabajadores de la UFISES a partir de este mes. El salario del fiscal De Vedia quedaba garantizado por el aporte del Ministerio Público Fiscal, pero el de su personal no. La UFISES, financiada por ANSES, funcionaba en una de las dependencias del organismo, oficinas que también debería desocupar de entrar en vigencia la disposición firmada por Basavilbaso y cuestionada desde diversos sectores.
El funcionario quedó ahora imputado por los supuestos delitos de "perturbaciones al ejercicio de la función pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público", tal como fue la presentación realizada por Marijuan. El fiscal federal le pidió al juez Ramos que cite a declarar como testigos a los anteriores titulares de la ANSES entre otras medidas de prueba que se agregaron a las solicitadas ayer por su par, al dar impulso formal al caso.
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