Inapelables las sentencias por menos de $ 50 mil

Ricardo Lorenzetti

Las sentencias judiciales de primera instancia en los fueros Civil y Comercial que involucren montos inferiores a $ 50 mil no podrán ser apeladas. Así lo resolvió la Corte Suprema en una acordada publicada en el Boletín Oficial. El máximo tribunal estiró el 150% el valor hasta el cual un fallo no puede ser revisado por una instancia superior, que hasta la semana pasada se ubicaba en 20 mil pesos. Dicho de otra forma, la Corte validó una inflación en torno del 30% anual entre 2009, cuando comenzó a regir el tope, hasta este año, con el propósito de descomprimir la litigiosidad.

La acordada 16/2014 fue firmada el 15 de mayo por Ricardo Lorenzetti y los otros cinco ministros. Con esa resolución, el tribunal cumplió por primera vez con el mandato contenido en la Ley 26.536, que modificó el Código Procesal Civil y Comercial en noviembre de 2009 y que, entre otros puntos, fijó las condiciones para la concesión de recursos de apelación de sentencias. "Serán inapelables las sentencias definitivas y las demás resoluciones, cualquiera fuere su naturaleza, que se dicten en procesos en los que el monto cuestionado sea inferior a la suma de 20.000 pesos", señala la reforma del artículo 242.

El nuevo tope regirá para juicios patrimoniales que involucren cobros ejecutivos, como los casos de pagarés y cheques impagos; reclamos por facturas entre comerciantes; daños y perjuicios; accidentes laborales no contemplados por la ley de ART, o determinación de alimentos, entre otros. Según la acordada, tendrá vigencia sólo para los juicios iniciados a partir de este lunes.

El propósito de la Corte es descomprimir los tribunales de apelaciones de esos fueros. En el Poder Judicial explicaron que ya en 2009, cuando el Congreso aprobó el tope de 20 mil pesos, se agilizó la tarea de esos juzgados. La normativa habilitaba al máximo tribunal a actualizar el monto todos los años, de ser necesario. Sin embargo, no lo hizo hasta esta semana.

Las dudas entre los funcionarios judiciales subsistían ayer sobre dos puntos: por un lado, el pacto de San José de Costa Rica consagra la existencia de una instancia de revisión en cualquier pleito. Y por otro, quedará a criterio de los jueces determinar si los $ 50.000 del nuevo tope serán sólo para el capital en disputa o incluirán los intereses.