El primer pedido del tándem de fiscales quienes tienen delegado un desprendimiento de la causa Hotesur fue el 10 de agosto. Ercolini replicó el 25 de agosto, cuando les requirió a Pollicita y Mahíques más pruebas sobre el presunto direccionamiento de la obra pública sobre 49 obras viales que recibió Báez entre 2003 y 2015. Los fiscales reiteraron el pedido sobre el que consideraron probada la acusación y le enumeraron 227 puntos de evidencia. Ercolini acusó recibo y ayer dispuso el llamado, a través de un escrito veintinueve carillas en el que avaló la idea de un "plan sistemático" de otorgamiento de obras apoyado en cuatro pilares, el primero de los cuales fue la construcción de Báez como empresario de la construcción: le siguió la ubicación de personal de confianza de los Kirchner en las áreas clave de las obras públicas desde su gobierno en Santa Cruz; la concentración de las obras en su provincia; y el diseño de un esquema de beneficios en el que las firmas del patagónico eran las únicas que recibían los pagos sin atrasos desde Vialidad.
En el llamado, Ercolini también convalidó que mientras "Báez era el más beneficiado en la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, paralelamente le garantizaba a la ex familia presidencial ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros". El cálculo de los pagos ingresados a la constelación de empresas del detenido empresario trepó a $ 16 mil millones en una década, lo que en la justicia contrastan con los contratos realizados por sus firmas en los hoteles de la familia presidencial. En total, acumulan pagos en los contratos de alquiler formales por $ 30 millones, lo que supondría una tasa de retorno en presuntas coimas del 0,2% por las millonarias obras adjudicadas. Como matriz delictiva, los valores dejan interrogantes.
Como highlight de la acusación, consta que al 9 de diciembre, cuando el kirchnerismo dejó el poder, el Estado no tenía deudas con sus empresas, algo que comprobó un canal preferencial de pagos, cuando la administración pública suele aplicar demoras en sus obligaciones. "Pese a ser el grupo económico que más fondos públicos por obras viales se le otorgaron en el período comprendido entre 2007-2015, con un total de 2.196 millones de dólares -casi el doble de la que le sigue-, el Grupo Austral fue el único al que la gestión anterior le abonó la totalidad de las obligaciones contractuales vencidas antes de la finalización del mandato", aseguraron Pollicita-Mahíques, lo que fue la contracara de otras 29 constructoras a las que Vialidad les debía u$s 488 millones. Así, el magistrado hizo suyo el argumento más fuerte para sostener la hipótesis sobre la preferencia que tuvo el patagónico, lo que ató a una "orden de las máximas autoridades a nivel nacional" que de esta forma lo habrían dispuesto por encima de la voluntad de los funcionarios del área.
Además de la exmandataria (que inaugurará la ronda de indagados a las 10), y de los principales exfuncionarios de Planificación, Ercolini convocó a Carlos Santiago Kirchner (exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal), a los exsecretarios Abeal Fatala, Graciela Oporto, Hugo Manuel Rodríguez y Raúl Víctor Rodríguez. También a Nelson Periotti, ex Administrador de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), además de a otros siete exfuncionarios santacruceños vinculados a Vialidad Provincial. Por ahora quedaron afuera otros exfuncionarios, y todo el entorno de Báez, incluyendo su hijo Martín y los directivos de su grupo empresario.
| Gabriel Morini |
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