Fuentes de las casas de estudios (que pidieron el resguardo de sus nombres) explicaron que no es su facultad auditar la manera de llevar a cabo el relevamiento de datos ni tampoco evaluar la forma de elaborar el cuestionado IPC. Así lo hicieron, luego de que el viernes difundieran un comunicado firmado por los cinco rectores que conforman el Consejo Académico.
En ese sentido, el informe firmado por Rubén Hallú (UBA), Juan Mario Jorrat (Universidad de Tucumán), Daniel Pérez (Universidad de Mar del Plata), Ernesto Seselovsky (Universidad de Rosario) y Jorge Fernández Bussy (Universidad de Tres de Febrero) sostiene que, «en lo que respecta al análisis exhaustivo sobre los métodos y procedimientos en la elaboración del IPC en períodos anteriores, el Consejo Académico considera que no dispone de los recursos necesarios para ejecutar la metodología, ni cuenta con la competencia legalmente asignada». Además, señala que la Auditoría General de la Nación (AGN) o la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) serían los organismos que podrían ejecutar la metodología.
Así, de los cambios anunciados en lo que concierne al INDEC a través del Decreto 927 pocos avances en concreto se evidenciaron. Más bien fueron detalles formales, como el nombramiento que en ese documento se hizo de Itzcovich como director técnico, o el pase a la órbita del Ministerio de Economía del INDEC (al que indirectamente ya pertenecía).
Queda pendiente, de lo dispuesto por el decreto (que no garantiza la transparencia del organismo):
Así, luego de que hace más de un mes se anunciaran estos cambios, el viernes el instituto dirigido por Ana María Edwin difundirá el segundo IPC desde que el INDEC depende de Boudou. En la primera oportunidad, la cifra oficial de inflación elegida para junio fue de 0,6% (cuando para privados llegó al 0,9%). Esta vez, el aumento real de precios de los alimentos incrementó la estimación de las consultoras, que la ubican en torno al 1,5%.


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