Maduro anunció el miércoles la instalación de máquinas dactilares en comercios públicos y privados para evitar el contrabando de productos de consumo básico, en medio de una campaña para luchar contra ese delito. Los precios subsidiados de artículos de consumo básico en Venezuela alentaron un contrabando hacia Colombia que, según el Gobierno, alcanza el 40% de las importaciones y compras que Venezuela hace para abastecer su mercado.
"Está ya dada la orden para que a través de los ministros de Economía y de la Superintendencia de Precios se proceda al establecimiento del sistema biométrico en todos los establecimientos y redes de las cadenas distribuidoras y comerciales de la República", dijo Maduro.
El Gobierno fomenta a la lucha contra el contrabando como punto estrella de su agenda de temas pendientes en medio de una aguda escasez de bienes que afecta a todos los sectores: desde el farmacéutico al sanitario, pasando por el automotor o la construcción.
Maduro explicó que se impondrá un "sistema guía de referencia" para controlar lo que se produce en el país, lo que se importa, donde se distribuye, se almacena y se vende. Especificó que se trata de varias "líneas de acción" para detener el contrabando. La primera de ellas, dijo, es la "aplicación implacable" de la ley con la confiscación inmediata de todos los bienes de los delincuentes "hasta llegar a la cabeza" o el cerebro de la operación criminal.
En segundo lugar, el establecimiento del sistema biométrico "en todos los sistemas de distribución y comercialización, públicos y privados". "Eso va a ser como fue el captahuellas del sistema electoral, una bendición antifraude", señaló.
"Será un sistema perfecto", agregó Maduro, asegurando que su Gobierno se ha declarado "en batalla total contra el contrabando de extracción hacia Colombia, hacia el Caribe, hacia donde haya contrabando de extracción". El Gobierno dispuso hasta el 30 de noviembre como fecha límite para poner en práctica los controles y rechazó los temores: los límites "van a estar por encima de los márgenes de necesidad familiar", sostuvo el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez.
Para la oposición ese sistema es el equivalente a la tarjeta de racionamiento cubana. "Quieren implementar un sistema biométrico en los mercados que no es otra cosa más que la tarjeta de racionamiento, otro fracaso del Gobierno", indicó el excandidato presidencial opositor Henrique Capriles a través de la red social Twitter. "Además hablan de 'consumo justo'. Consumo justo es que el sueldo te alcance para las tres comidas diarias y te sobre", agregó.
Los consumidores tampoco ven con buenos ojos el nuevo anuncio, porque en opinión del presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (ANAUCO), Roberto León Parilli, carga la presunción de culpabilidad sobre los ciudadanos en vez de poner énfasis en la responsabilidad del Estado.
"El contrabando es materia de prevención del Estado, es el Estado el que tiene que prevenir el contrabando, sancionar y combatir el delito, pero no a costa de los derechos de los ciudadanos", indicó Parilli. "Lo que nos están diciendo a los venezolanos es que no hay presunción de inocencia y más bien hay una presunción de culpa y por eso vamos a revisar a todos los venezolanos", dijo.
En su opinión, "el problema es de abastecimiento" y en ese sentido el Gobierno está "como estirando lo que hay". "No creemos que esto va a ser la solución del abastecimiento en el país, porque es un problema de producción local, de importaciones que están haciendo insuficiente el mercado para cubrir la demanda interna, eso no se resuelve con captahuellas", dijo.
| Agencias EFE, AFP, Reuters y DPA |