El TEDH confirmó la condena a España por evitar la puesta en libertad de una etarra, Inés del Río, condenada a más de 3.800 años por 24 asesinatos "a la mayor brevedad posible". Los magistrados consideran que desde 2008 (la fecha en la que estaba prevista su salida de la cárcel) ha sido objeto de una "detención irregular". Además de ordenar el fin de su encarcelamiento -estaba previsto para 2017-el tribunal ordena a España pagarle una indemnización de 30.000 euros.
La sentencia permitiría que 136 etarras (61 en una primera fase y 75 a lo largo de los próximos años), una cuarta parte de los presos de esa organización, pidan la revisión de sus condenas para salir de prisión.
Estrasburgo condenó a España por aplicar de forma retroactiva la llamada "doctrina Parot" establecida por el tribunal supremo español en 2006. Esta doctrina establece que los días de redención no deben descontarse de la pena máxima sino de cada una de las condenas individualmente que pesen sobre el reo, empezando por la de mayor cuantía, de forma que se garantiza que permanezca al menos 30 años en prisión.
Hasta 2006 los días de redención se descontaban del tiempo máximo de estancia en prisión, que el Código Penal de 1973 establecía en 30 años. Así, etarras condenados a miles de años salían de la cárcel sin cumplir ni 20 años.
Aunque su origen estuvo intrínsecamente unido a ETA, la "doctrina Parot" también afecta a otros delincuentes comunes con condenas por delitos graves. Ahora, asesinos y violadores conocidos en España por sus crímenes también podrían ver revisadas sus sentencias. Entre ellos se encuentra Pedro Luis Gallego Fernández, "el violador del ascensor", que fue condenado a 273 años de prisión por 18 violaciones y dos asesinatos. Capturado en 1992, esperaba salir en libertad hacia 2022, pero su excarcelación podría adelantarse.
La resolución es vinculante e inapelable y sienta jurisprudencia, aunque no entra a valorar los otros casos. Estrasburgo sostiene que son los tribunales españoles los que tienen que aplicar la sentencia.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, "lamentó la sentencia de Estrasburgo y descartó una excarcelación masiva ya que, dijo, los tribunales analizarán caso por caso si la sentencia de Del Río es aplicable a otros condenados. En Estrasburgo hay otras 30 demandas de etarras como la que presentó Del Río. Además, el funcionario dijo que no se indemnizará a Del Río debido a la deuda que ésta tiene con el Estado español al haber sido condenada a pagar a las víctimas por los daños que causó y que no pudo saldar. "La deuda que la etarra tiene con el Estado se verá disminuida en 30.000 euros", afirmó Gallardón.
Por lo pronto, la Audiencia Nacional, tribunal que en España juzga los delitos de terrorismo, estudiará hoy en un pleno extraordinario si debe excarcelar a Del Río.
Víctimas de ETA pidieron al presidente, Mariano Rajoy, que no acate la sentencia. "Si la 'doctrina Parot' es derogada y terroristas, violadores y asesinos salen en libertad, será responsabilidad de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno", afirmó José Alcaraz, presidente de la asociación Voces contra el Terrorismo.
Como contracara, las organizaciones de familiares de presos recibieron en Bilbao la noticia con aplausos. "Tarde o temprano el Estado español iba a tener que empezar a desmantelar esta política penitenciaria porque vulnera los derechos humanos de los presos, se sitúa al margen de la legalidad internacional, y su único objetivo es obstaculizar el proceso de resolución", dijeron.
El domingo se cumplieron dos años del anuncio del cese definitivo de ETA de su "actividad armada" después de haber causado cerca de 900 víctimas en más de 40 años.
El Partido Socialista, que gobernaba cuando se estableció la "doctrina Parot", anunció que "acata" el fallo pero que le "repugnan" las consecuencias que pueda tener, ya que "no puede valer lo mismo matar a una persona que a 24".
El Gobierno regional del País Vasco, en manos ahora del Partido Nacionalista Vasco, consideró la sentencia como una "oportunidad" para iniciar una "reflexión compartida" sobre la política penitenciaria que se aplica a los reclusos de ETA. Es una visión compartida por la izquierda independentista vasca, que calificó la sentencia de "buena noticia" e instó a aprovecharla para "dar un giro positivo" a dicha política penitenciaria.
| Agencias ANSA, EFE y AFP, y Ámbito Financiero |