Indignación en Venezuela por la ley que permite a Chávez controlar internet

Los superpoderes con los que Chávez podrá gobernar un año y medio por decreto y los nuevos controles a los medios electrónicos e internet, leyes votadas por la Asamblea Nacional, sacaron a la calle a estudiantes opositores en Caracas (izquierda). El bolivariano (arriba) hace oídos sordos a las quejas.

Caracas - La aprobación en la noche del lunes de dos leyes que involucran los contenidos de prensa en Venezuela por parte del Parlamento ultrachavista encendió temores en la oposición, sectores académicos y organizaciones civiles ante el riesgo, según los críticos, de que el país se encamine hacia la censura absoluta que caracteriza a países como Cuba y China.

Una de las leyes aprobadas regula los contenidos en internet, en tanto que la otra otorga más control al Estado sobre las telecomunicaciones.

A dos semanas de que se inicie un nuevo período legislativo en el que el oficialismo ya no tendrá una mayoría calificada superior a los dos tercios del cuerpo, el Parlamento aprobó reformas a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (conocida como Resorte), específicamente para ampliar el control sobre los contenidos de internet, y a la Ley de Telecomunicaciones.

Bajo apercibimiento de sanciones, de acuerdo con lo dispuesto en la ley Resorte, los proveedores de internet deberán asumir la responsabilidad por la difusión de mensajes que hagan «apología del delito», fomenten «zozobra en la ciudadanía» o procuren «desconocer a las autoridades legítimamente constituidas» en páginas web venezolanas, entre otras disposiciones genéricas que abren la puerta a la censura directa.

En tanto, la norma de telecomunicaciones modificada señala que los medios serán considerados servicios de interés público. Establece además un tiempo de licencia de 15 años (contra 25 vigentes hasta ahora), y limita la inversión extranjera en el sector. Sin embargo, en la nueva ley se suprimió un polémico artículo que planteaba la creación de un punto único de acceso a internet.

El jefe de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de Comunicación, Manuel Villalba, evaluó que «es una ley perfectamente ajustada a derecho, a lo que es la Constitución nacional, no violenta ningún derecho».

«El Gobierno pretende pasar una gran cortina que impulse a los medios independientes a autocensurarse por miedo, y pone en peligro el derecho de los usuarios a usar libremente internet», alertó la comunicóloga Gloria Cuenca, profesora de la Universidad Central de Venezuela en relación con la ley Resorte. «Sobre todo en lo que se refiere a internet, lo que más nos angustia es el temor a que pasemos a una situación de bloqueo de contenidos como en China o Cuba», continuó.

Pero para el inefable Hugo Chávez, cuyo Gobierno controla al menos cuatro canales de televisión, cinco radios y un diario de alcance nacional y cuenta con un periódico y una extensa red de medios regionales afines, no se busca «limitar» internet sino «regularlo». «Hay que proteger al pueblo de la violencia, de la pornografía y del anonimato», explicó Chávez.

El mandatario respondió así a las denuncias de la oposición. «Es absolutamente violatoria de la Constitución, de la libertad de expresión y del libre ejercicio de la comunicación en el país», denunció el diputado opositor Ismael García.

«Con la declaración de servicio público (en la Ley de Telecomunicaciones) hay una amenaza latente a los medios de comunicación. El Estado se reserva por completo la administración, vigilancia y tenencia de radios y televisoras», explicó por su parte el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz. «Las concesiones pasan a ser un préstamo temporal a los empresarios, con la amenaza permanente de una expropiación o revocatoria del permiso, según el corte político de las informaciones emitidas», continuó.

En rigor, en las democracias occidentales el Estado tiene control sobre las concesiones de licencias, pero el revanchismo demostrado por Chávez hace temer una utilización autoritaria de ese tipo de normas. Ya en 2007, la tradicional televisora privada RCTV, muy crítica del Gobierno y ferviente impulsora del golpe de Estado de 2002, salió del aire después de que un organismo estatal decidiera no renovar su concesión. Además, en 2009, 34 emisoras de radio fueron sacadas del aire por incumplir regulaciones oficiales.

La sanción de ambas normas se inscribe en el marco de la anulación de las funciones del Parlamento que entrará en funciones el 5 de enero.

Agencias AFP, DPA y EFE