Inflación, distribución y el germen de un “frenazo”

Los efectos regresivos de la inflación sobre la distribución del ingreso han sido un tema recurrente de estudio entre los economistas argentinos, quizás por las experiencias de alta inflación que caracterizaron al país desde la década del 50. Naturalmente el tema es parte de una literatura internacional más amplia que incluye entre otras cuestiones la recaudación de señoreaje, la sustitución de monedas y el ajuste del fisco en contextos inflacionarios.

La mayoría de esos trabajos que ponen énfasis en la cuestión distributiva tienen en cuenta el hecho de que a medida que los ingresos aumentan, los agentes económicos reducen la proporción de saldos monetarios reales respecto de su ingreso. Ya sea porque los gastos transaccionales habituales son una proporción decreciente del ingreso a partir de cierto nivel del mismo, o porque los agentes utilizan medios financieros alternativos al uso de efectivo que les permiten diferir pagos, es habitual que la demanda de dinero presente una elasticidad de ingreso menor que la unidad ; esto es, que al aumentar su ingreso en 100 pesos, demanden dinero por una suma inferior a esos 100 pesos. En un trabajo que data de 1985 presentado por primera vez en la revista de FIEL Indicadores de Coyuntura, propusimos una forma de medición del deterioro que la inflación produce sobre los salarios asumiendo que se mantienen como saldos transaccionales, para corregir la medición habitual de los ingresos reales en contexto de alta inflación .

Impacto

¿Qué sabemos acerca del impacto de la inflación sobre los ingresos y su distribución? En primer lugar, que el impacto no surge tanto de diferencias en las tasas de inflación por decil o quintil de ingresos, es decir, de tasas de inflación distintas para canastas de consumo de pobres y ricos, sino de las diferencias en las tenencias de saldos monetarios reales pro-pias de cada nivel de ingreso. En efecto, ello no sólo ocurre en períodos de muy alta inflación e hiperinflacionarios como en la década del 80 -ver Canavese (1999)-, sino en períodos de inflación moderada a alta como los que se viven desde 2007 en la Argentina.

A pesar de que en alta inflación, algunos grupos de productos con fuerte peso en los consumos de la población pobre -típicamente alimentos y bebidas- suelen presentar una mayor suba que el promedio de una canasta de bienes y servicios, la inflación para los diferentes deciles de ingreso per cápita familiar difiere en forma apreciable sólo por algún tiempo, para converger luego a tasas no muy diferentes (más allá de cambios apreciables que se verifiquen en distintos precios relativos). Esta situación se ilustra en el gráfico adjunto, que muestra la tasa anual de inflación por decil de ingreso per cápita familiar en el área de Buenos Aires, para el año finalizado en octubre último y para los últimos dos años. Si se considera el último año, la inflación es mayor para los segmentos más pobres (en los deciles I a IV fue del 24% anual, mientras que no alcanzó al 22,5% para el decil más alto). Las diferencias son relativamente menores si se consideran los últimos dos años, aunque siguen mostrando más inflación para la población de menores ingresos: el acumulado promedio de los primeros cuatro deciles fue un 43,4%, mientras que para el decil más alto fue del 41,4%. La inflación de la población más pobre medida a través de «líneas de pobreza» revela una situación bastante parecida (aumento de la línea de pobreza del 45,3% en dos años, del 25% en el último año), con diferencias que se explican por la definición de la canasta alimentaria utilizada. Sin embargo, estas mediciones -que toman en cuenta diferencias en las canastas de gastos- subestiman el verdadero impacto de la inflación para la población pobre si no se agrega el deterioro que experimentan los saldos reales que los agentes económicos «encajan» en sus bolsillos a efectos de realizar transacciones. A modo ilustrativo, alguien que pueda «proteger» de la inflación la mitad de sus ingresos experimentará un menor deterioro real de sus flujos que quien recibe su ingreso a comienzos de mes y debe «hacerlo durar» mientras los precios siguen subiendo. Ésta es la base de la medición del «poder de compra salarial», es decir, tener en cuenta el deterioro intraperiódico (dentro del mes o período en el que se recibe y gasta el ingreso). Cuando la inflación aumenta mes a mes, aun los ingresos perfectamente indexados (con inflación rezagada) experimentan una pérdida real. De allí a las prácticas de sobreindexación y a acelerar los procesos inflacionarios, hay sólo un paso.

Sabemos también que quienes tienen ingresos fijos -es decir, los que se ajustan con baja frecuencia- están más expuestos a la aceleración inflacionaria, ya sea porque persiguen un equilibrio móvil (nunca alcanzan la meta), o porque se enfrentan a conductas que se aprovechan de la aceleración inflacionaria (retrasos en los ajustes de pensiones, transferencias, etc.). Finalmente, también sabemos que todos estos efectos distributivos se magnifican en períodos de alta inflación, y que se perciben en forma menos nítida en las etapas intermedias, con inflaciones del 25% al 35% anual.

El actual proceso inflacionario limita alcanzar objetivos de una mejor distribución de ingresos, y además contiene el germen de un «frenazo» de la actividad económica asociado al deterioro de la confianza, al desorden en las señales de asignación de recursos, y a la propia dinámica de los controles de precios que -en forma desesperada- se multiplican como tabla salvadora en las postrimerías de experimentos expansionistas a cualquier costo.