Información en pocas líneas

Suspenden otra vez juicio a Rímolo

El inicio del juicio contra la falsa médica Giselle Rímolo volvió a quedar en suspenso ayer, por cuarta vez, a raíz de que la imputada presentaba problemas de salud, ante lo cual el Tribunal a cargo del proceso deberá fijar una nueva fecha.

Rímolo, expareja del animador Silvio Soldán, está acusada del delito de «tráfico de sustancias peligrosas para la salud que produjo una muerte», durante la conducción que ejercía en un centro de belleza donde habría recetado medicamentos.

Los jueces del Tribunal escucharon al perito forense Enrique Banti, quien ayer revisó a Rímolo y determinó que la acusada padece una «disminución de sodio y potasio» y por ello cuenta con una «imposibilidad de marchar por sí misma», sin ayuda de terceros.





Crimen de maestra: preventiva a acusado

El juez de Garantías de San Isidro Ricardo Costa dictó ayer la prisión preventiva del llamado «pai» que confesó haber matado a la maestra Silvia Prigent en un descampado de la localidad bonaerense de Tigre y lo consideró coautor del crimen junto al viudo de la víctima, Daniel Sfeir.

Fuentes judiciales informaron que la medida fue dispuesta contra Jorge Daniel Bini en la causa en la que ya está detenido Sfeir, su patrón, acusado del «homicidio agravado por el vínculo» de su esposa. Un vocero explicó que lo más relevante del fallo es que el juez Costa no creyó totalmente la confesión de Bini, quien buscó desligar del crimen a su jefe, y si bien todavía no pudo determinar el rol exacto que cumplió cada uno en el asesinato, entendió que ambos participaron.





Contaminación: interviene tribunal

Un tribunal arbitral internacional, administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, se ha declarado competente para juzgar una demanda de la petrolera estadounidense Chevron contra Ecuador en un caso relacionado con la contaminación en la Amazonía. Dos cortes ecuatorianas han condenado a la compañía a pagar más de 18.000 millones de dólares por los daños a la Amazonía. La disputa se remonta a 2002, cuando la empresa dispuso el recurso ante los tribunales de Ecuador para resolver las demandas de las comunidades indígenas y los campesinos afectados por la contaminación, que incluyó el derrame de más de 60.000 millones de litros de compuestos tóxicos.