Inmunidad agita debate por bases en Colombia

 Washington - Tras la reunión entre el canciller colombiano, Jaime Bermúdez, y su par estadounidense, Hillary Clinton, en Washington, el Departamento de Estado norteamericano descartó ayer que el acuerdo de cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia se firme esta semana, como lo venía anticipando el Gobierno de Uribe. En tanto, la inmunidad con la que operarían los soldados estadounidenses en este país no sólo genera gran polémica a nivel regional, sino también en importantes sectores de Bogotá.

«Tenemos un principio de acuerdo, pero creo que va a tomar unas pocas semanas más antes de que lo firmemos», dijo el vocero del Departamento de Estado, Ian Kelly, sobre la propuesta que prevé que Estados Unidos pueda utilizar siete bases militares colombianas para efectuar operativos contra el narcotráfico y el terrorismo, lo que provocó críticas y preocupación en la Latinoamérica.

En tanto, la inmunidad que tendrán los soldados estadounidenses que llegarán al país sudamericano parece ser el punto más preocupante del pacto militar, aunque el Gobierno de Uribe intente bajarle el perfil.

«La inmunidad no implicará impunidad», repite el Gobierno colombiano, refiriéndose a los 800 militares estadounidenses destinados a la lucha contra el narcotráfico.

La firma del acuerdo está pendiente de su revisión técnica.

«En este acuerdo se incluyeron cosas tan importantes como que no va a haber jurisdicción norteamericana o cortes marciales en territorio colombiano», dijo anteayer Bermúdez.

Además, aclaró que «existe la posibilidad de pedir que se levante la inmunidad para esos funcionarios. En caso de que hubiera lugar a indemnización, Estados Unidos se comprometió a pagar esas indemnizaciones. Y hay una cosa sin antecedentes: los contratistas (civiles), en este caso de los Estados Unidos, no tendrán inmunidad. Cosa que no pasaba en el pasado».

Con esas palabras, el canciller se refirió al marco jurídico que rige el acuerdo de cooperación en lucha contra las drogas denominado Plan Colombia, por el cual Estados Unidos entregó a Colombia más de u$s 5.500 millones desde 1999.

Sin embargo, sus palabras no convencen ni aplacan los temores en Colombia, donde por estos días se recuerda la denuncia de una madre que asegura que en 2007 su hija de 12 años fue violada por un sargento y un civil estadounidenses adscriptos al Plan Colombia, denuncia que no prosperó.

El ex presidente de la Corte Constitucional de Colombia, José Gregorio Hernández, considera «desde todo punto de vista inconveniente que se establezca la inmunidad (porque) no tiene justificación alguna. Viola el principio de igualdad frente a nuestros propios soldados. Esa inmunidad se puede convertir en impunidad porque para que sea levantada, como dice el Gobierno que podrá hacerse, previamente tendrá que haber un proceso diplomático que puede demorase mucho o no cumplirse».

Impunidad

Este criterio lo comparte Juan Carlos Eastman, vicedirector del Instituto de Estudios Geoestratégicos de la Universidad de Nueva Granada, en Bogotá, que dijo que «la inmunidad significa impunidad en la práctica. La indemnización refuerza esta condición. Pero significa, de hecho, que se van a presentar esas temidas situaciones y relaciones».

A su vez, el ex ministro de Defensa general retirado Rafael Samudio cuestionó la poca información que trascendió sobre el tema y preguntó sobre los términos en que participaría la Justicia colombiana en esos casos.

«Estados Unidos por principio no permite que a un militar lo juzguen en otro país o entregarlo a otro. Por ello no firmó la CPI (Corte Penal Internacional)», sostuvo.

De cualquier manera, la posición norteamericana es tajante y no admite debates. «El acuerdo no incumbe a otros países. Trata de la cooperación bilateral entre Estados Unidos y Colombia respecto de cuestiones de seguridad en Colombia», subrayó Clinton ayer.

Agencias DPA y AFP