25 de marzo 2009 - 00:00

Inquietan los abusos de la “justicia” indígena de Bolivia

Al promulgarse la nueva Constitución boliviana, el 7 de febrero pasado, pocas voces se alzaron en la región para advertir acerca de las amenazas a la unidad y a la paz social contenidas en ese texto «refundacional», elaborado por el Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Evo Morales. Pero poco tiempo bastó para que se corporizasen algunos de esos peligros.
La nueva Constitución establece categorías diferenciadas de ciudadanos según su origen étnico pues, en vez de considerar a la nación boliviana como un todo formado por individuos iguales ante la ley, establece -sin temor a la contradicción- que «en el marco de la unidad del Estado (...) las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos» gozan de una serie de derechos, entre ellos el de que la «justicia indígena originaria campesina» esté en el mismo nivel que la Justicia ordinaria. Si bien el texto prevé la elaboración de una «Ley de deslinde jurisdiccional», algunas comunidades decidieron no esperar y pasaron a los hechos.
En la localidad de Sankajahuira, a 90 kilómetros de La Paz, un cabildo campesino decidió la expropiación de la casa de Víctor Hugo Cárdenas, líder aymara opositor a Evo Morales, por «traición» a su comunidad. La «sentencia» fue ejecutada en el acto: una turba tomó por asalto la morada, en la cual se encontraban la esposa de Cárdenas, sus hijos y otros familiares, que fueron expulsados, azotados y apedreados. Los agresores están identificados, pero ninguna medida legal ha sido tomada contra ellos aún. Más grave todavía, el vicepresidente, Álvaro García Linera, dijo que Cárdenas «tendrá que preguntarse qué daño ha hecho a sus vecinos para que lo repudien». Curiosa declaración, ya que Cárdenas, primer vicepresidente indígena de Bolivia (1993-97), respetado intelectual y académico, ha sido artífice de conquistas clave para su comunidad como la educación bilingüe y la Ley de Participación Popular (autonomía municipal). El problema es que Cárdenas hizo campaña por el No en el referendo que aprobó la nueva Constitución y su nombre suena como candidato para las elecciones presidenciales de diciembre próximo.
Sobre la agresión a su familia, el ex vicepresidente dijo que fue una consecuencia «del discurso confrontacional, racista y discriminatorio» del gobierno y «de las ideas mal articuladas del nuevo texto constitucional que fomentan el desconocimiento de la unidad nacional y estatal». Para Cárdenas, «el llamado Estado plurinacional» que promueve el MAS «es racista, discriminador, anacrónico y antihistórico». Y si bien sostuvo que «la justicia comunitaria es reconciliación, no punición», este líder aymara hizo una reflexión sacrílega desde el punto de vista de lo políticamente correcto: «No todo lo que venga del mundo indígena es bueno, por lo que deben cambiar algunas de sus costumbres».
Para saber a qué se refiere, cabe señalar que la justicia comunitaria indígena prevé castigos tales como los latigazos, el corte compulsivo del cabello y otras formas de humillación y el destierro. El adulterio, el divorcio y la homosexualidad están penados por una tradición prehispánica que muchos progresistas idealizan. El vacío legal e interpretativo que genera la equiparación de estos mecanismos comunitarios con la justicia ordinaria que regía hasta ahora en Bolivia, potencia todo tipo de abusos. Para el derecho positivo, estos tribunales populares son justicia por mano propia y nada más.
La de Cárdenas no fue la primera y cabe tener que no sea la última de estas agresiones. Marlene Paredes, diputada de la región de Los Yungas, fue violentamente expulsada de su comunidad por haber roto con el MAS. Y la casa del ex presidente Carlos Mesa (2003-2005) se encuentra también bajo amenaza de expropiación.
El silencio de los demás líderes de la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR) ante estos graves hechos indicaría que se considera posible la coexistencia entre una defensa «incondicional» de los derechos humanos y la tolerancia a su violación en nombre del relativismo cultural.
Ahora bien, una consecuencia no deseada de la agresión a Cárdenas ha sido su fortalecimiento como opositor al actual Gobierno, en nombre, según sus propias palabras, de «una propuesta ideológica abierta, en la que puedan caber indígenas y no indígenas».

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