Intenta la Justicia destrabar Siemens

Eduardo Duhalde

La Justicia intentará avanzar antes de fin de año en la investigación del presunto pago de sobornos por parte de la empresa alemana Siemens a ex funcionarios de dos gobiernos, algo sobre lo que sí avanza mucho la Justicia de Alemania. El caso, congelado en los tribunales criollos por falta de pruebas, se reactivó este año debido al juicio que se está desarrollando en Alemania a ex trabajadores de la compañía relacionados con pagos ilegales para conseguir o acelerar contratos en todo el mundo.
La pieza clave para avanzar en la causa fue la declaratoria que prestó durante tres días el ex presidente de Siemens Argentina Matthias Kleinhempel, ante el juez Ariel Lijo a principios de noviembre. El ex CEO de la empresa es investigado por el presunto pago de una cifra millonaria a la consultora suiza Consultin SA. A través de ella, el grupo habría intentado reflotar en 2002 el contrato por la digitalización del sistema de documentos de identidad (rescindido en 1999 por el gobierno de la Alianza), pagando presuntos sobornos a funcionarios del gobierno de entonces. Si bien la decisión de ese pago habría sido tomada por la casa matriz de Siemens antes de que Kleinhempel fuera presidente en la sede argentina, el indagado era desde hace años el asesor legal del directorio argentino. De ahí su vinculación con la causa.
Licitación
La Argentina licitó la digitalización del sistema de documentos nacionales durante el gobierno de Carlos Menem. Siemens ganó esa licitación, y poco después se fusionó con ITRON (que antes pertenecía al Grupo Macri).
A principios de este año comenzó el segundo juicio en Alemania a ex empleados de Siemens por el pago ilegal de millones de euros, y allí surgieron gran cantidad de documentos y datos que asociaron a ex funcionarios del gobierno de 1999 con esos presuntos incentivos. La Justicia argentina investiga un presunto pago de 50 millones de dólares para supuestos sobornos por parte de Siemens a funcionarios argentinos. La investigación no parece centralmente dirigida sobre la persona de Carlos Menem, sino sobre alguno de sus funcionarios.
La toma de declaraciones a Kleinhempel por parte de Lijo intenta superar el obstáculo principal de la investigación local: la falta de pruebas. Los edificios de Siemens Argentina fueron allanados dos veces sin resultados. Todas las pruebas están en Alemania, dicen en el juzgado. Lijo quiso viajar para analizar la documentación presentada allá y avanzar en la causa local, pero la Justicia alemana no le dio permiso para presentarse a examinar las pruebas. Argumentó que no podían recibirlo hasta que no terminara el proceso en Alemania, lo que puede llevar años ya que la causa tiene más de 300 imputados e incluye contratos con países como Vietnam, Tailandia e Irán, además de la Argentina. El juez entonces recurrió a la Cancillería argentina, que por el momento no le ha aportado ninguna solución.

Negociaciones

Hay otro aspecto importante relacionado a la causa argentina: las negociaciones entre la empresa y el gobierno de nuestro país se habrían estancado a tal punto que devinieron en una demanda de la compañía contra la Argentina en 2007, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial. El CIADI falló a favor de la empresa y el Estado argentino fue condenado a pagar 208 millones de dólares como resarcimiento. Siemens perdería todos los derechos a esa indemnización en caso de confirmarse la existencia del pago de sobornos.

Cimbronazo

La situación en Alemania tampoco es simple. El recambio de toda la planta directiva y la injerencia de intereses estadounidenses en la empresa multinacional hicieron emerger en 2006 un caso que durante años había permanecido oculto. El cimbronazo para la empresa fue tan grande, que no sólo se vio obligada a invertir millones de dólares en abogados y despidos, sino que incluso tuvo que negociar con el Ministerio de Justicia estadounidense y comprometerse a llegar hasta las últimas consecuencias, para poder seguir cotizando en Wall Street y mantener en pie contratos millonarios con la empresas de este país. La presión es tal que el grupo también anunció que les iba a hacer juicio a sus propios ex empleados.
Se supone que Siemens usó 1,3 billón de euros para pagos ilegales a diferentes países, a través de las llamadas cajas negras, y la red de imputados asciende hasta los dos CEO de la empresa en ese momento, Klaus Kleinfeld y Heinreich von Pierer, actualmente desempleados.
Ninguno fue imputado por cargos criminales, pero Pierer se encuentra hoy vinculado a la causa, ya que en abril de este año un testigo aseguró que el ex presidente de la empresa sabía de las cajas negras utilizadas para conseguir contratos en el exterior, lo que siempre había negado. Además, fue separado de su cargo como asesor de tecnología de la primera ministra alemana, Angela Merkel. El testigo también afirmó que Pierer sabía de los presuntos sobornos al gobierno argentino, lo que lo convierte en una figura clave en la investigación de Lijo.