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Intima campo a Cristina: medidas o paro
La Mesa de Enlace lanzó un ultimátum al Gobierno y acusó de ser «clientelismo político» el actual reparto de forraje a productores afectados por sequía. Así lo sostuvieron ayer el titular de CRA, Mario Llambías, y el de Federación Agraria, Eduardo Buzzi.
«En todas la asambleas del país hay mandato de iniciar mañana mismo un cese de comercialización y medidas de fuerza. Pero, desde la Mesa de Enlace planteamos que orgánicamente esta decisión se tome, de ser necesario, entre el 10 y el 11 de febrero», informó ayer Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria en conferencia de prensa.
Existe, en tanto, la posibilidad de que autoconvocados salgan a las rutas o lancen medidas de fuerza fuera del mandato de la Mesa de Enlace. «Se nos hace difícil contener a los productores», reconoció Carlos Garetto, titular de Coninagro.
Rebelión impositiva
Surgida en Córdoba, ya corre de boca en boca la iniciativa de una «rebelión impositiva». «Hay productores que se plantean 'mi familia o los impuestos'», reconoció Buzzi.
El plan expuesto ayer implica dar este plazo para que el Gobierno reaccione homologando el «desastre» o «emergencia» agropecuaria para todo el país y aplique medidas para ganadería, lechería y agricultura. Entre otros puntos, piden la liberación de exportaciones, baja o anulación de retenciones para granos y economías regionales. «Los millones que ha anunciado el Gobierno como asistencia (serían entre $ 800 y $ 1.000 millones) no alcanzan en absoluto. Son medidas unilaterales, de escaso alcance», planteó Buzzi. Los números que maneja el agro sobre pérdidas superan los u$s 4.000 millones, según un reciente estudio de Coninagro.
La Mesa de Enlace también insistió con la reapertura del diálogo. Se mencionó al jefe de Gabinete, Sergio Massa y la ministra de Producción, Débora Giorgi. «Guillermo Moreno sólo entorpeció y complicó», dijo Buzzi, en tanto que Garetto aseguró que «las dos experiencias que tuvimos con el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi fueron frustrantes».
La queja rural apunta a la supuesta inutilidad o a la falta de implementación de las medidas anunciadas hasta ahora.


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