Investigan a dueño de cadena de tiendas en causa por talleres con trabajo esclavo

El dueño de la cadena Falabella puede ser llamado a declaración indagatoria en una causa en la que se investiga una presunta red de trabajo esclavo. El fiscal federal Federico Delgado pidió citar al presidente de la firma, Juan Luis Mingo Salazar luego de una serie de allanamientos practicados en talleres clandestinos que, de acuerdo con el expediente, confeccionaban prendas para una empresa que a su vez las comercializaba a Falabella.

La causa está a cargo del juez federal Claudio Bonadio, que deberá analizar los pedidos de indagatoria respecto de Mingo Salazar y de los dueños de la proveedora Sifap, Héctor y Gustavo Mitelman. En su escrito, el fiscal reconoce que existen "montones de causas" en tribunales relacionadas con talleres textiles clandestinos y que "no siempre es sencillo encontrar al amo" que recibe los beneficios de la actividad al final de la cadena.

"Esta vez pudimos ir más allá: logramos desentrañar qué empresas se apropian del trabajo esclavo a través de la cadena de explotación de seres humanos. Por lo tanto, sus autoridades deben responder penalmente por estos sucesos", destaca al pedir las indagatorias.

El fiscal señala que la mayoría de las causas por este tipo de delito tienen rasgos en común: "Hablamos de inmigrantes ilegales que por necesidad son objetualizados y trabajan en condiciones deplorables, atravesadas por el hacinamiento, falta de ventilación, jornadas laborales interminables" y que "a su vez son regenteadas por otra persona que muchas veces trabaja a la par y en esas mismas condiciones". "No obstante, siempre hay un amo", agrega.

El escrito de Delgado arranca con un diagnóstico amplio. "El devenir del proceso reveló con nitidez una de las consecuencias más crudas del capitalismo: la explotación del hombre por el hombre, esa que la organización republicana intenta mitigar a través de la institucionalidad derivada del Estado nación. Aquella explotación que aquí palpamos en toda su intensidad, deriva de la ausencia de dichas mediaciones", sostiene.

El expediente comenzó el 20 de diciembre último con una denuncia de la AFIP ante la Cámara Federal tras la constatación del funcionamiento de dos talleres clandestinos. En ambos trabajaban diez personas bajo condición de "empleados cama adentro" con sueldo que oscilaba los 2.500 pesos mensuales, de los cuales 1.000 eran retenidos como pago por la vivienda y la comida que se les suministraba. En el pedido del fiscal figura la indagatoria del dueño de uno de los talleres, Robert Egber Tupiño Yncacutipa, en el que se trabajaba de 8 a 17.

Desde 2005 organizaciones como "La Alameda" denunciaron la existencia de talleres clandestinos que operaban para grandes marcas. Por causas previas fueron citados a indagatoria empresarios como Federico Bonomi, de Kosiuko, y Nelson Sánchez Alterino, de Soho.