Investigan la ruta que siguieron otros pagos dentro de Economía

Copia del escrito en el que la subsecretaria legal de Economía, Alejandra Tadei, pide investigar la demanda de las compañías de seguro y que se valúe el monto del reclamo.

 Ámbito Financiero tuvo acceso a la investigación por el presunto pago ilegítimo de $ 54 millones por parte del Ministerio de Economía al grupo de aseguradoras Accolade Pool en 2007 que presentó ante la Justicia el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido. El informe detalla cómo una demanda contra el Estado por contratos de reaseguro incumplidos con la ya liquidada Caja Nacional de Ahorro y Seguros, firmados en el exterior entre 1977 y 1982, se habría convertido en una enorme estafa al Estado, gracias a la connivencia de funcionarios y a la desidia de una estructura ministerial, que ya ha probado en causas como el caso Greco, las vías existentes para la defraudación El pago, además, sería sólo mínima parte de supuestas transferencias ilegales por $ 480 millones, salidos del ministerio desde hace más de una década.
Todo empezó con el expediente 22.654/96 en 1996, donde un grupo de empresas aseguradoras demandó ejecutar una sentencia dictada por la Justicia inglesa, en la que se exhortaba al Estado argentino pagar a las querellantes $ 4.611.642, 87. Este pedido fue negado en primera y segunda instancia (2003 y 2005) por los tribunales argentinos. Como fundamentos para ambos fallos, se cuestionaron, entre otros aspectos, la competencia del tribunal extranjero, el origen de la deuda, los montos reclamados por carecer de sustento jurídico y la prescripción de la querella. Una nueva apelación llevó el caso hasta la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2007, pero el litigio ya era inútil: el expediente había recorrido un camino paralelo por la administración del Ministerio de Economía. El camino que ya había terminado en el presunto pago de $ 54 millones en efectivo, aprobado por Juan Cayetano Intelisano.
El primer reclamo de Accolade Pool en la vía administrativa fue presentado el 6 de junio de 2003, ante la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial, por una cifra de u$s 11.208.999. Ese mismo día se presentó un acto de intimación al Estado. A partir de ese momento, comenzó la historia de toda una serie de pedidos a la Procuración del Tesoro por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a cargo entonces de Yolanda Eggink, la Dirección de Gestión y Control Judicial, a cargo de Eduardo Peró, y la Subsecretaría Legal, a cargo de Osvaldo Siseles, en lo que se requerían documentación e instrucciones para resolver el caso.
Cuando el expediente parecía estar dormido definitivamente, el caso se reactiva en enero de 2005: los representantes legales de las aseguradoras presentan una serie escritos dirigido a Siseles, donde reclamaban la falta de respuesta del ministerio y se invocaban «las reuniones mantenidas con el subsecretario» y los «compromisos asumidos» por él durante esos encuentros. La propuesta de Accolade Pool consistía en que el Estado pagara casi $ 9 millones por los supuestos contratos incumplidos. A partir de ese momento, la historia del caso dio un vuelco: Eggink dictaminó la aprobación del pago, calificándolo además de «ventajoso para el Estado» y sin ofrecer ningún otro fundamento. En agosto de 2006 emitió la ex directora emitió un nuevo dictamen, donde se aconsejaba el pago de $ 41.000.000 a Accolade Pool y otros $ 11 millones a la aseguradora UMIC. Entre un dictamen un otro, se produjo la renuncia de Siseles a su cargo en el ministerio. Lo reemplazó Alejandra Tadei, a quien, no bien ocupó el cargo, Eggink habría enviado el dictamen de las aseguradoras, para que aprobara de manera urgente y así seguir el camino para efectivizar el pago. A la nueva subsecretaria las cuentas no le cerraron. Por eso, pidió un informe al Grupo Técnico sobre el caso: éste no sólo cuestionó la legitimidad de la deuda sino que también enfatizó el exce-so del pago. Según los cálcu-los del Grupo Técnico, el tope a pagar debía ser de $ 29.659.504, 62. Además, señalaba que lo que no podía pasar jamás era que el Estado pagara más de los que los mismos querellantes demandaban.
Tadei comunicó el informe a Intelisano y esperó a que el expediente volviera ya que era ella quien debía aprobar y liquidar el reclamo. Pero el expediente nunca volvió a la Subsecretaría Legal. En ese punto, el expediente durmió de nuevo, hasta julio de 2007, cuando Accolade Pool presentó un nuevo reclamo donde, además, esta vez se reclamaba un cobro en efectivo, en lugar de bonos. En agosto, una funcionaria del ministerio, la abogada Silvia Beatriz Macchi, toma una decisión clave: habría aprobado el pago reclamado, basándose en el escrito de Tadei, que indicaba exactamente lo opuesto. A partir de este momento, se tomará siempre como referencia el dictamen de Tadei, a través de la relectura de Macchi. Así avanza el expediente por la SIGEN y la Procuración, hasta llegar a Intelisano. Todos citan la presunta aprobación previa y nadie cuestiona la cifra sideral. Finalmente, el director de administración ordena el pago a finales de octubre de 2007. Apenas un mes después, el secretario legal y administrativo del ministerio, Eduardo Prina, advirtió las irregularidades e inició un sumario interno: así empezó el calvario del poderoso Intelisano.
Vea el texto completo de la denuncia del fiscal Manuel Garrido