La Justicia comenzó a investigar si en la Oficina Anticorrupción "se eligen" las causas. La decisión es en función de una presentación del extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
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La Cámara Federal desestimó una denuncia contra la Oficina Anticorrupción (OA) por haber presentado un informe en el contexto de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito que se sigue al extitular de la AFIP. Sin embargo, los jueces ordenaron que se determine si supuestamente hubo algún tipo de acto "arbitrario" de abuso de poder en la decisión de actuar o no ante determinados casos judiciales.
La decisión de la sala II del Tribunal de Apelaciones porteño confirmó la desestimación de la denuncia que había sido presentada por Echegaray contra la titular de la OA, Laura Alonso, por haber presentado un informe dentro de la causa de la investigación por supuesto enriquecimiento que se sigue al exauditor general de la Nación en el juzgado federal a cargo de Sergio Torres.
Al mismo tiempo, Echegaray denunció una "supuesta persecución selectiva por parte de la máxima autoridad de la Oficina Anticorrupción, licenciada Laura Alonso, en supuesta violación de sus deberes específicos", lo cual fue recordado por la Cámara.
Ese pasaje de la denuncia también había sido desestimado por el juez de primera instancia Sebastián Casanello, en una decisión revocada por el Tribunal de Apelaciones, que le ordenó pedir opinión a la fiscalía y pronunciarse sobre este aspecto de la denuncia.
"El eje, aquí, no se pone en cuáles son los casos en que sí se involucró el organismo como querellante, entre otros supuestos- sino en aquellos en que dejó o deja de hacerlo. Para el impugnante, este argumento, expresamente incluido en la denuncia, no fue tratado ni por el fiscal que dictaminó por su desestimación, ni por el juez que resolvió en consecuencia", advirtió la Cámara.
Echegaray había pedido investigar si hay una "supuesta persecución selectiva" por parte de la Oficina Anticorrupción en "supuesta violación de sus deberes específicos".
"No ha recibido respuesta la pretensión de que se inicie una pesquisa para determinar si pudo haber existido, en los términos apuntados, un actuar arbitrario configurativo de abuso de poder, destinado a beneficiar o no accionar en determinados casos, en desmedro de las finalidades propias del organismo", se escribió en el fallo.
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