Jefe de camaristas sorteó reproches y despejó dudas

La polémica generada el miércoles a partir de la nota que la Corte Suprema remitió al Congreso y al Poder Ejecutivo con objeciones a la reforma judicial avaladas por camaristas de todo el país tuvo su continuación ayer en un plenario de la Casación Penal: su presidente Gustavo Hornos (también jefe de la junta de camaristas) debió brindar una serie de explicaciones por supuestas modificaciones entre el texto que avalaron los jueces y el que Ricardo Lorenzetti envió a Julián Domínguez, que sirvió como puntapié para modificar la letra original del proyecto que traspasaba atribuciones administrativas de la Corte al Consejo de la Magistratura.

En el último plenario de la Junta de Camaristas del pasado 15 de abril aprobó un texto en el cual si bien se cuestionaba el traspaso de facultades de la Corte al Consejo, también existían objeciones a la reforma del Consejo de la Magistratura, especialmente en los mecanismos previstos para la remoción de jueces. El documento que llegó al despacho de Domínguez se centraba en los "issues" de superintendencia del máximo tribunal.

Cuando la diferencia se hizo pública -y la diputada Elisa Carrió habló de un supuesto "pacto" entre el Gobierno y Lorenzetti- las aguas comenzaron a agitarse en la Casación. Primero los jueces de la Sala II, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar pidieron explicaciones sobre la confección y el objetivo de la nota, luego se sumaron Pedro David y Juan Carlos Gemignani.

Hornos tiene un perfil político neutral en el gremio de jueces. No integra la lista Bordó ni la Celeste, lo cual, producto de la coyuntura, le ha jugado a favor tanto para ser titular de la Casación como de la Junta de Cámaras. Ayer a la mañana movió rápido y convocó a un plenario de la Casación que contó con asistencia perfecta.

Didáctico, explicó el funcionamiento de la Junta y dio cuenta de los principales temas de conversación en el último plenario, especialmente la preocupación general por la pérdida de atribuciones de la Corte Suprema que además de ser un tribunal debe actuar como cabeza de un poder de Estado. Es el mismo concepto que se escuchó en el acuerdo del martes pasado en la Corte, donde además se hizo un resumen de las deficiencias del consejo al momento de administrar.

Los camaristas preguntaron a Hornos sobre el supuesto cambio en el documento. La respuesta también se mostró en sintonía con la Corte: sólo existió un texto original, no dos, y el que se envió al Congreso era el que ponía el acento en las facultades del máximo tribunal. Generó malestar en el primer piso el hecho de no conocer el contenido de la nota y así se lo hicieron saber a Hornos.

En el plenario se manejaron hipótesis más tácticas, como por ejemplo que la nota enviada al oficialismo omitía cuestiones relacionadas con el Consejo, ya que la Corte busca eludir cualquier tipo de pronunciamiento sobre un paquete de leyes que, se da por descontado, deberá ser analizado en la calle Talcahuano cuando la disputa pase a los tribunales producto de una batería de demandas por inconstitucionalidad que ya han sido anunciadas por gremios de abogados y de jueces.

Hornos sorteó ayer un conclave cuya previa transcurrió como el preludio de un giro drástico: una solicitud consensuada para apartarlo de la presidencia. Posibilidad que ni siquiera se mencionó.

Además, logró lo impensado al modificar la letra de los proyectos del Gobierno y conservar los apoyos más determinantes, entre ellos el de la Corte, cuyo pronunciamiento todavía debe esperar.