El fiscal electoral Jorge Di Lello dio ayer a la Cámara Nacional Electoral su aval a las candidaturas de Daniel Scioli y Sergio Massa a diputados nacionales por el oficialismo, como había anticipado este diario. También aprobó las postulaciones de Néstor Kirchner, así como de las candidatas bonaerenses de Unión-Pro, quienes habían sido objetadas por el juez electoral de la provincia de Buenos Aires, Manuel Blanco. Todos estos expedientes fueron apelados en primera instancia y ahora llegan al tribunal de alzada para un fallo -que consideran los candidatos- definitivo. Se espera que todos los fallos se definan hoy, aunque sea a última hora: avales para todos, pero con admonitorios de reconvención para los candidatos en los considerandos de la medida. La noticia se dará esta noche, a más tardar mañana.
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Los camaristas Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Rodolfo Munné estuvieron ayer reunidos y recibieron tanto los dictámenes de Di Lello como a los apoderados de los partidos implicados en las impugnaciones en trámite, pero no se pronunciaron al respecto. El tribunal de alzada también rechazó ayer el recurso extraordinario interpuesto por el constitucionalista Eduardo Barcesat, para que se considerara el tratamiento de su amparo contra las testimoniales.
Hoy habrá un nuevo acuerdo, en el que emitirán los fallos sobre las cuatro candidatas de Unión-PRO y la impugnación a la postulación del ex presidente. Tanto los expedientes objetados por el juez bonaerense Manuel Blanco (y luego apelados por el partido de Mauricio Macri), como el trámite contra Kirchner impulsado por la alianza opositora UCR-CC, se refieren a problemas para probar los dos años de residencia exigidos en el distrito electoral en el que compiten, más fácil de resolver.
Las llamadas candidaturas testimoniales, en cambio, plantean un conflicto más complejo: hasta ayer, todavía no había unanimidad de criterio en la Cámara. De hecho, los camaristas ya habrían adelantado que, si hoy no llegan a una decisión conjunta, se reunirán mañana para resolver los expedientes. No quieren que el tema pase del fin de semana. No sólo por la creciente tensión que el tema agrega a la campaña, sino también por una cuestión mucho más práctica: hoy cierra la oficialización de listas y se deben empezar a imprimir las boletas. Para la del Frente para la Victoria se necesita el pronunciamiento de la Cámara (ver nota aparte).
Fundamentos
El dictamen de Di Lello sobre las candidaturas de Scioli y Massa, presentado ayer ante el tribunal de alzada, hace lugar a los argumentos de Blanco y del apoderado del PJ, Jorge Landau. Este último cita, entre otros fundamentos, un fallo de la Cámara de 1998, a favor de las candidaturas de Fernando de la Rúa y Graciela Fernández Meijide, en una situación similar a la del gobernador bonaerense y el jefe de Gabinete.
El fiscal, además, recuerda que en ese dictamen, la Cámara afirma que el acto «ético-político de la renuncia a un cargo público electivo constituye una decisión voluntaria personal que, en principio, no puede ser impuesta previamente. Ni la Constitución Nacional, ni la Ley 23.298, ni el Código Electoral Nacional ni la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires obligan a quien ocupa un cargo público electivo a renunciar a él antes de solicitar la oficialización de su candidatura para otro distinto». De Lello también subraya que el «famoso artículo 73 nada establece sobre candidaturas o postulaciones, sólo regula incompatibilidad para el desempeño simultáneo de ambos cargos» (de gobernador y diputado por el mismo distrito).
En la línea de los argumentos que se esperan del fallo del tribunal de alzada, el escrito de Di Lello además se explaya sobre la situación de crisis que atraviesa el sistema electoral y toma a las candidaturas testimoniales como un ejemplo más de una problemática generalizada. El fiscal señala que «estos fenómenos, aunque legales, probablemente distorsivos de la buena práctica política continuarán produciéndose o agregándose en el marco de una democracia absolutamente vigente, pero perfeccionable en su calidad institucional y jurídica». En este marco, Di Lello destaca «la profusión de alianzas o frentes sustituyendo a los partidos políticos, listas colectoras, candidaturas testimoniales, renuncias anticipadas, variación de bloques». Hasta hace hincapié en fenómenos como el adrenalínico recorrido político del actual vicepresidente, Julio Cobos, desde su candidatura hasta convertirse en referente opositor y permanecer en su puesto al mismo tiempo.
Centrándose en la consideración política de su dictamen y la necesidad de asegurar las condiciones institucionales de las elecciones del 28 de junio, el documento destaca la necesidad de hacer una interpretación legal que facilite «el desenvolvimiento democrático posible» de la Argentina. En este punto, califica de inútil una «discusión de laboratorio» (¿una crítica soslayada al «amicus curae» presentado por un grupo de constitucionalistas el miércoles pasado ante la Cámara?) e insiste en la necesidad de «plantear nuevas formas de organización democrática».
Respecto del aval de las candidaturas de Néstor Kirchner y de las postulantes de la lista de la bonaerense Unión-PRO (Claudia Rucci, Silvia Majdalani, Natalia Gambado y Silvia Lospennato), el fiscal es mucho más breve. Confirma el criterio de Blanco, al diferenciar domicilio (dirección con la que el candidato figura en el padrón) y residencia (sobre la que se exigen dos años en ese territorio para ser candidato).
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