Jueces en guerra por juicios demorados

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El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Ricardo Recondo, anunció ayer que la entidad iniciará una investigación contra el presidente de la Cámara Federal, Eduardo Freiler, quien en declaraciones radiales había afirmado que algunos jueces «no van a fondo» en las causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el último Gobierno militar.
Recondo adelantó que mañana presentará el caso del camarista ante la mesa directiva de la asociación y, en caso de definir medidas, se llevará el planteo al Consejo Directivo (de alcance nacional), que se reunirá el próximo 16 de febrero. «No se puede tender un manto de sospecha sobre todos los jueces. Freiler involucró a todo el mundo, cuando su obligación como miembro del Poder Judicial y de esta asociación es denunciar a quienes no se están desempeñando como corresponde», fustigó Recondo. El magistrado ya había comentado en declaraciones radiales que era «lamentable que un juez acuse a colegas sin nombrarlos».
La primera medida que va a proponer Recondo es que se lo cite a Freiler para dar explicaciones por sus dichos y precise quiénes son los magistrados que retrasan estas causas a propósito. En este sentido, Recondo afirmó que el camarista debería aclarar estos puntos, porque a la asociación le interesa saber quiénes no están cumpliendo con sus funciones. El juez señaló además que, en caso de que las declaraciones de Freiler fuesen ciertas, debería haber denunciado la situación tiempo atrás, ya que fue fiscal federal durante muchos años y, en tanto tal, tenía la obligación de investigar la situación. El caso podría llegar incluso al Tribunal de Ética de la Asociación, aunque Recondo aclaró que era sólo una de las posibilidades.
Las declaraciones del presidente de la Cámara Federal tienen además cierto tono de pelea personal con el titular de la Asociación de Magistrados. Freiler salió a cuestionar la postura que sostuvo Recondo frente a la polémica que generó el fallo de la Sala II de la Cámara de Casación, firmado en diciembre pasado por Guillermo Yacobucci y Luis García. El dictamen ordenaba la liberación de los represores Alfredo Astiz, Jorge Acosta y otros 10 marinos, acusados de cometer crímenes de lesa humanidad, por estar demasiado tiempo encarcelados sin condena. La medida finalmente fue apelada por el fiscal Raúl Pleé, y los acusados permanecieron en prisión. La Corte deberá hacerse cargo del caso.
Controversia
Frente a las acusaciones de políticos y organismos de derechos humanos de supuesta connivencia entre la Justicia y los represores, Recondo había asegurado que «no hay un solo juez identificado con la represión». Días después, Freiler dio una entrevista de radio en la que afirmó: «Hay un titular de una asociación que dijo que no hay jueces comprometidos con la dictadura. Y está muy lejos de ser así. Quizá sea porque no conozca muy bien a todos los que actúan, o no habla en profundidad con todos los jueces que lo han votado. Pero hay muchos que tratan de no ir a fondo en estas causas». En esa oportunidad también señaló que había quienes entendían «que no habría que llevar estas investigaciones con tanta profundidad, y otros que piensan que, si se instruyen éstas, entonces hay que hacer juicios contra las agrupaciones políticas armadas de la década del 70», e involucró a todos los estrados judiciales, desde la primera instancia hasta la Casación». Ahora, el presidente de la Cámara Federal deberá respaldar con nombres sus acusaciones.

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