La contraofensiva ante la inminente firma de un convenio de traspaso de la Justicia ordinaria a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires tuvo su pico de tensión ayer, luego de que Ámbito Financiero revelara que el 30 de noviembre era la fecha estipulada para el avance inexorable de la medida. Múltiples reuniones entre jueces, reproches cruzados y la circulación de borradores sobre amparos para judicializar la iniciativa forman parte de la réplica que encuentra unificados a los magistrados, fiscales y defensores, quienes responsabilizan al Consejo de la Magistratura porteño como el motor que incide en el apuro para migrar los tribunales penales y laborales, en primer término. La Asociación de Magistrados y de Fiscales acudió a un encuentro de urgencia con senadores donde se llevaron la promesa de que -más allá de la firma entre el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta- los cambios serían aplazados hasta 2017. Será moneda de cambio en la Cámara alta.
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Hoy habrá paros y movilizaciones a Tribunales desde las 11 en el fuero criminal y correccional y en el del Trabajo por parte de los afiliados a los gremios de empleados judiciales. En el primer caso, la comisión interna le reclamará a la Cámara del Crimen que se expida (es la única que no lo hizo en rechazo, como fue el caso de Civil, Comercial y Laboral). Los rumores que poblaron Tribunales ayer apuntaban a que el acelerador fue pisado desde la Ciudad, ante la posibilidad de incidir en 55 cargos de jueces que hoy están vacantes. Desde el ámbito porteño, reprocharon que, en el fondo, todo se trate de una cuestión de dinero. Acusaron que los actuales magistrados resisten el cambio porque dejarían de percibir el plus por las subrogancias, dado que sus condiciones laborales no se modificarían de pasar a ser jueces capitalinos. Afirmaron que a lo sumo con unos días de retraso, el convenio interjurisdiccional sería firmado dado que la decisión política es irreversible. Jueces cruzaron mensajes de WhatSapp consolándose con que el Gobierno no tiene claro el procedimiento para realizar el traspaso y que, sumado a los proyectos de unificación de fueros, fortalecimiento de los tribunales orales y la implementación de la flagrancia, causarán que se "vacíe" la Justicia. El resultado, prevén, será el "colapso del sistema" .
Los jueces y fiscales lograron, en principio, conjurar los efectos del 30-N. Parte del consejo directivo de la Asociación de Magistrados mantuvo ayer reuniones con senadores. Los acompañó una delegación de la Asociación de Fiscales. El encuentro fue pedido ante la "profunda preocupación" que generó la firma del convenio. Se llevaron una promesa: más allá de que Macri y Rodríguez Larreta estampen sus firmas, "no existe en el Senado una definición respecto de la transferencia de tribunales nacionales", lo que implicará que si no hay acuerdo el plazo de 60 días no comenzará a correr. Vislumbran que en un año electoral será imposible que el proyecto prospere. Adicionalmente, los senadores se comprometieron a revisar la problemática vinculada a tribunales orales y flagrancia.
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