10 de noviembre 2016 - 00:00

Jueces rechazarán apartarse de causa Nisman en Casación

El tema puede escalar a la Corte por su vinculación con expedientes sobre los que ya se excusaron referidos a la AMIA. La DAIA busca la forma de no perder la querella. Gritos y acusaciones cruzadas.

Facsímil. Tanto Gustavo Hornos como Mariano Borinsky habían pedido a sus pares excusarse. Fue en 2012 y 2013. Citaron casos anteriores de AMIA.
Facsímil. Tanto Gustavo Hornos como Mariano Borinsky habían pedido a sus pares excusarse. Fue en 2012 y 2013. Citaron casos anteriores de AMIA.
 Luego del dictamen del fiscal Javier de Luca que desestimó la reapertura de la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina de Kirchner, dos camaristas se aprestan a rechazar de plano su apartamiento de la Sala de Casación que debe definir si ordena o no que se abra la investigación. En medio de una feroz interna entre sus integrantes, que incluyó gritos, amenazas de denuncias a secretarios y reproches cruzados, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos planean denegar el pedido de apartamiento que realizó la defensa del excanciller Héctor Timerman y destrabar así la cuestión de su incorporación al tribunal, objetada porque ellos mismos se habían inhibido de actuar en causas conexas y vinculadas al atentado a la AMIA en el pasado. Mientras tanto, la DAIA ensaya formas de no quedar afuera de la querella, a pesar de no contar con el poder especial que requiere la Justicia para litigar en representación de la entidad como acusador privado. La cuestión puede escalar a la Corte Suprema, la que debería dirimir qué jueces se encuentran habilitados para actuar, si es que se plantea que este caso tiene conexidad con AMIA y sus derivaciones.

La interna continuó subiendo el voltaje luego de que Ámbito Financiero revelara que salvo dos camaristas el resto de los magistrados del máximo tribunal penal podían quedar fuera del caso por sus propios pedidos anteriores de no participar de expedientes relacionados con el atentado ya sea por vinculación con algún imputado, labor como fiscal del caso o decisiones judiciales en el trámite de las múltiples causas relacionadas a lo largo de la historia.

Ana María Figueroa -una de las que sí está habilitada y preside la Sala I- increpó a Borinsky en la puerta de su despacho. A los gritos le reprochó que buscaba "operarla" a través de los medios para desestabilizar su posición dentro del tribunal. Hornos debió interceder para aplacar los ánimos en ese momento de tensión que repercutió en todo el primer piso de los tribunales de Comodoro Py. Borinsky y Hornos actúan como suplentes de esa Sala y mantienen su posición titular en la Sala IV. De fondo, una pelea por las subrogancias también se pone en juego ya que antes de fin de año, el pleno de Casación deberá definir si ambos mantienen posición de privilegio en el tratamiento del 50% de los casos que analiza el máximo tribunal penal. Pueden formar mayoría en dos de las cuatro salas. Otros jueces también buscan ocupar esa posición, cuya cobertura definitiva se encuentra frenada en el Consejo de la Magistratura desde 2015, por falta de acuerdos. Ángela Ledesma tampoco deslizó cuestionamientos a sus pares.

Hornos y Borinsky están ahora habilitados para rechazar "in límine" sus apartamientos (por mayoría), y evitar así que el pedido tenga que ser evaluado por sus pares. En ese punto tienen tres caminos: ratificar el archivo de la denuncia como en las dos instancias anteriores; ordenar la reapertura; o, como vía alternativa, anular el dictamen de De Luca, con la solicitud de a Alejandra Gils Carbó para que designe otro fiscal de Casación en su reemplazo, como Raúl Pleé o Ricardo Weschler. Esto apuntaría a unificar posturas en el Ministerio Público dado que sólo los fiscales Gerardo Pollicita y Germán Moldes fueron los únicos que apuntalaron la viabilidad de la investigación. Aun así, las defensas recurrirían a la Corte aduciendo la conexión con el plenario de Casación que en 2006 determinó que todo lo vinculado con AMIA debía ser tratado por la Sala II.

Rechazo "in límine"

La duda que sobrevuela al tribunal es que si no tratan las recusaciones vinculadas a aspectos relativos al atentado, esto podría acarrear costos políticos, que se sumen a la refriega interna cuya escalada no se ha detenido. Si se abriera serían Figueroa, Ledesma y eventualmente Juan Carlos Gemignani, quienes decidan si quedan o no. En todos los casos anteriores donde hubo pedidos para inhibirse no hubo -como ahora- objeciones a la integración, ni denuncias de forzar corrimientos. Incluso cuando la Corte intervino tampoco señaló inconvenientes con las excusaciones. Esta sería la primera vez.

Borinsky pidió ser excluido el 22 de marzo de 2013, de las causas "relativas al criminal ataque terrorista y respecto de los procesos en los que se investigan delitos cometidos en su tramitación", dado que ya se había abstenido de actuar en otras cuatro por haber sido fiscal del caso (ver facsímil). El 2 de mayo de 2012 Hornos pidió a sus pares que lo excluyan bajo la misma fórmula con el agregado de extender esa condición también por consi-derar que había personas vinculadas.

Pese a ello hubo amenazas de denuncias penales a los secretarios que hicieron las certificaciones a pedido de Gemignani. Ambos dicen que son falsas.

Mientras tanto, el secretario general de la DAIA, Santiago Kaplun, objetó la posibilidad de que la entidad pueda no ser tenida como parte querellante por incumplimiento de los requisitos, tal como adelantó este diario. En la causa Ciccone contra el vicepresidente Amado Boudou, el abogado Ramiro Rubinska delegó la representación del socio del exvice, José María Núñez Carmona en Kaplun, cuando el caso escaló a Casación. Rubinska, es a su vez, concuñado de Borinsky.

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