Jueces van hoy a la Corte con quejas por ley de suplencias

• INQUIETUD POR NUEVAS ATRIBUCIONES PARA EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.• EL GOBIERNO OBSERVA A LA DISTANCIA.

Ricardo Lorenzetti, Gabriela Vázquez, Luis Cabral y Carlos Maqueda

Ricardo Lorenzetti recibirá hoy a los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país que llevarán a la Corte Suprema sus posiciones sobre la nueva ley de subrogancias impulsada por el Gobierno. La convocatoria del justice expresa lo decisivo del momento actual y le formula el desafío de brindar algún tipo de respuesta sin por eso mismo tener que desatar una nueva escalada en su relación con Balcarce 50. Ocurrirá el mismo día de una marcha promovida por la Asociación de Magistrados y la oposición que no consideran en el 4° piso de Tribunales que ayude a distender el conflicto.

Con velocidad, el eje de la polémica por la remoción del juez Luis Cabral se ha corrido de su foco inicial. El rechazo del juez Esteban Furnari a conceder el amparo canceló un capítulo y dio inició a otro mucho más trascendente y arquitectónico: cómo funcionará en la práctica la ley de subrogancias. Ése es el principal tema que los camaristas quieren conversar hoy con el titular de la Corte.

Inquieta en las diversas jurisdicciones que, por la nueva ley, el Consejo de la Magistratura está en condiciones de nombrar subrogantes cuando los jueces se excusen o sean recusados. Los recursos que corren a los jueces de las causas en trámite acontecen a diario y, es sabido, la Magistratura no se caracteriza por su capacidad operativa, sino más bien todo lo contrario.

Actualmente, cuando un juez se excusa de un caso o es recusado por una de las partes, la Cámara de su jurisdicción realiza un sorteo para que intevenga otro magistrado. En algunos casos, cuando hay una situación en la cual dos jueces se excusan, es la propia Cámara la que define el contencioso. En Comodoro Py ésa es una atribución personal de Martín Irurzun.

Otro aspecto a considerar que se compartía en intercambios que tuvieron lugar ayer sería sobre el hecho de que la nueva ley le otorga al Consejo de la Magistratura la capacidad de habilitar tribunales nuevos, una potestad que es de la Corte. Su inclusión en la ley tiene que ver con la demora de un año en la habilitación de la Casación Penal ordinaria, Cámara que fue creada por el oficialismo y cuya presidenta es María Laura Garrigós de Rébori, actual jefa de Justicia Legítima. Garrigós llegó a exasperar a Lorenzetti en sus pedidos para que la Corte habilitara la nueva Casación.

El próximo tribunal a habilitar es el fuero de la Defensa del Consumidor. Un dolor de cabeza para las empresas de servicios cuyos abogados ya han iniciado un lobby sigiloso para atenuar los efectos que esa instancia podría tener. Ahora para habilitar una instancia alcanzaría con la firma de la camarista Gabriela Vázquez.

El kirchnerismo está pendiente de la cumbre de hoy aunque a simple vista le baje el precio alegando que la junta que agrupa a los camaristas no tiene ninguna resolución o firma que la avale o le dé entidad. El máximo tribunal ya dijo que sólo intervendría cuando haya un litigio y nunca por la vía de la superintendencia.

Más allá de esos puntos de vista, la convocatoria de la Corte vendría a ser el elemento más funcional de la jornada de hoy. El disfuncional, por supuesto, es la marcha para protestar por la remoción de Cabral, más aún cuando la Corte ya rechazó intervenir por la vía de la avocación planteada por el fiscal Raúl Pleé.

Una semana antes de la salida de Cabral de la Casación, el Consejo de la Magistratura, mediante el bloque oficialista, removió al juez Santiago Ulpiano Martínez que subrogaba en la Justicia de Bahía Blanca. No hubo ninguna marcha por Ulpiano Martínez ni expresiones pomposas de ningún tipo. Ulpiano Martínez había avanzado en causas que comprometen al empresario Lázaro Báez. Cabral demoraba desde hace meses un voto en el caso AMIA que según él ya tenía escrito.

La marcha de hoy tiene un trasfondo en cuanto a su identidad que a simple vista resulta difuso. No es una marcha originada para reclamar por los medios para ofrecer un mejor servicio de justicia para la ciudadanía (hay un amplio consenso en todo el arco político en que el actual es lamentable). Se trata de reclamar por la pérdida de un privilegio del propio estamento que organiza el acto. Un déficit conceptual cuyo efecto podría conocerse hoy.