- ámbito
- Edición Impresa
Juez apunta a fiscal en caso habilitaciones
El magistrado objetó la decisión del fiscal Rodolfo Cudicio de pedir la nulidad de una serie de escuchas telefónicas realizadas, supuestamente vinculadas a un diputado porteño, imputado en el caso. Estas medidas habían sido ordenadas por la fiscal anterior de la investigación, Betina Voto, a quien tuvo que reemplazar Cudicio como fiscal subrogante.
El argumento central del fiscal denunciado para pedir la nulidad de las escuchas se basó en que el caso por el que fueron ordenadas no era competencia de Ramos Padilla, ya que la denuncia debería haber sido enviada a sorteo. Este conflicto se originó porque Ramos Padilla es el juez instructor de la causa original, que se inició con una denuncia del dueño de un boliche del barrio de Liniers y a la que se le fueron sumando otras acusaciones posteriores por supuestas habilitaciones irregulares, como el derrumbe en el local bailable Beara -en el que murieron dos personas- hace poco más de un año.
Denuncia
El caso que generó el pedido de nulidad del fiscal fue el de las presuntas irregularidades en la autorización del Multiespacio Los Ángeles en la que aparece imputado un diputado porteño. Esta decisión de Cudicio provocó la denuncia de Ramos Padilla en su contra.
El magistrado avanzó en dos frentes contra el fiscal. Por un lado, remitió un informe a la fiscalía general de la Cámara del Crimen para que «disponga los medios necesarios para que este fiscal no vuelva a intervenir en esta causa y sus conexas».
Por otro lado, Ramos Padilla se dirigió al procurador general de la Nación, Esteban Righi, para que inicie una investigación sobre Cudicio «de modo de establecer cuáles fueron las motivaciones que lo llevaron a actuar de esta forma y en su caso se adopten las sanciones correspondientes». El juez además denunció penalmente al fiscal para que «se investigue la conducta, ante la eventualidad de que hubiera cometido hechos tipificados en el Código Penal».
Decisión
La llamada «megacausa habilitaciones» ha crecido en sus dimensiones políticas y judiciales desde sus inicios, no sólo porque están imputados en ella varios funcionarios del área de Habilitaciones del Gobierno porteño, sino también porque algunos legisladores opositores se presentaron como querellantes.
Ramos Padilla intenta determinar si existe una supuesta red de ilegal de funcionarios, inspectores y empresarios que habría impulsado habilitaciones irregulares de bares nocturnos, locales bailables y centros de recreación a través del presunto cobro de sobornos.
Ahora hay que esperar a la decisión de la fiscalía general de la Cámara sobre el pedido del juez para saber no sólo si Cudicio quedará en pie como fiscal, sino también el destino de las escuchas telefónicas impugnadas por él.


Dejá tu comentario