Advirtió que resistirá el pedido de ceder la demanda pese al fallo de la Corte que sentó precedente con guiño al Gobierno. Adujo que su caso es distinto al que se tramita en La Plata, plan B de la táctica que intenta evitar cautelares.
Viraje. El Ministerio de Energía y Minería que ahora conduce Javier Iguacel planteó mudar los amparos colectivos a La Plata o a Capital Federal.
El juez Federal de Dolores Alejo Ramos Padilla resiste entregar el amparo colectivo por la suba del gas, en el que impuso multas a empresas que corten el suministro a usuarios de cualquier parte del país que registren deuda de pago en sus facturas. La decisión va a contrapelo del antecedente que la propia Corte Suprema decidió enviar como mensaje, cuando concedió que sea el fuero Contencioso Administrativo Federal el que defina qué jueces deben hacerse cargo del aluvión de presentaciones que persiguen la suspensión de los aumentos. Como había señalado Ámbito Financiero, la novedad que bajó desde el máximo Tribunal fue música para los oídos de la Casa Rosada que buscaban centralizar la cuestión tarifaria en los despachos judiciales de la Capital Federal y evitar así la dispersión de potenciales fallos negativos en materia de aumentos. Sin embargo, el magistrado volvió a insistir en su competencia para tramitar el caso.
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El Estado -mediante la intervención del Enargas- había dado un volantazo en su estrategia, y como plan B, solicitó que el amparo que tramitaba Ramos Padilla pasara al Juzgado Federal de La Plata a cargo de Adolfo Ziulu. Allí se radicó la segunda y tercera demanda del Centro para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) que también quedó trabada en el conflicto de competencias con la Justicia capitalina. Y en medio del intento oficial de construir un "escudo anticautelares" a través de la Procuración del Tesoro y el Ministerio de Ambiente: el aumento tarifario sería una vía de preservación de la cuestión ambiental que debe ser garantizada por el Estado, eje del exótico argumento al que le dio curso el magistrado Enrique Lavié Pico.
Ramos Padilla contestó que ya había denegado el pedido de ceder su expediente a favor del Contencioso Administrativo y que el asunto fue elevado a la Cámara Federal de Mar del Plata para que decida qué hacer. El núcleo del fallo de la Corte que entregó las actuaciones a la Cámara de Capital Federal (en otro caso que sentó precedente) fue que según la Ley de Cautelares, manoseada durante el kirchnerismo, todas las demandas contra el Estado que impliquen conflictos entre jueces deben ser dirimidas por la del Contencioso Administrativo sobre el resto de los magistrados del país. Ramos Padilla -que instruye la demanda de la Asociación Consumidores Argentinos y llegó a dictar una cautelar sobre los cortes de servicio- se iba a adentrar en el pedido de retrotraer tarifas a diciembre de 2017. Todo quedó frenado.
El Plan B del Gobierno de migrar el caso de Ramos Padilla al juzgado platense se apoya en que ese expediente tiene más chances de mudarse a Capital Federal. El cambio de rumbo coincidió con la llegada de Javier Iguacel al Ministerio de Energía, en reemplazo de Juan José Aranguren, quien en 2016 no logró evitar que el caso que terminó siendo resuelto por la Corte Suprema migrara a tiempo antes de cosechar un revés. En definitiva, lo que reclaman las empresas prestatarias en sacarse de encima la multa que pueden tener si avanzan en la interrupción del servicio por falta de pago. El juez de Dolores subrayó que no entregará su trámite "por no advertirse una identidad o sustancial semejanza entre este proceso y el que tramita ante el Juzgado Federal de la Plata que pudiera representar el dictado de sentencias contradictorias que vulneren la correcta administración de justicia". Fijó la diferencia entre ambas demandas en que mientras una busca que no se aplique el cronograma de subas de 2018, la que él conduce afirma que el problema es el establecimiento de los nuevos valores de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), porque no fueron tratados en audiencia pública. El juez dio una extensa respuesta técnica para defender su intervención y deslizó que de las tres presentaciones del Estado se destaca que la intención es quitarle el caso por "diferentes razones".
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