Jueza complica más al Gobierno con nueva medida cautelar por DNU

Las causas por el uso de reservas del Banco Central y por la remoción de Martín Redrado encontraron nuevos desvíos ayer en la maraña judicial que se construyó alrededor de ellas. Mientras que la jueza de primera instancia María José Sarmiento dictó una nueva medida cautelar que suspende el Decreto de Necesidad y Urgencia 2010/09, referido a las reservas, la Cámara en lo Contencioso Administrativo recibió ayer las apelaciones del Gobierno y se empantanó en el mismo día con recursos presentados por los denunciantes y la recusación a un segundo juez por parte del PRO. Quienes más festejaron fueron los diputados del PJ disidente, impulsores de la cautelar dictada ayer. Encabezados por la legisladora Graciela Camaño, trasladaron sus festejos al Banco Central, donde también fueron recibidos por Redrado.

La jueza María José Sarmiento dictó una nueva medida cautelar contra el DNU que dispuso el uso de reservas para renegociar la deuda. La situación en la Justicia se complica.

La jueza federal en lo Contencioso Administrativo, María José Sarmiento, profundizó ayer el laberinto judicial en el que está enredado el Decreto de Necesidad y Urgencia 2010/09, que habilitó el uso de reservas del Banco Central para la conformación del Fondo del Bicentenario, al dictar una nueva medida cautelar suspensoria de la disposición del Ejecutivo.

La magistrada hizo lugar, como era esperable, a la acción de amparo presentada por los dirigentes del PJ disidente, Graciela Camaño, Felipe Solá, Graciela Di Perna, Alfredo Atanasof y Manuel Morejon, y resolvió que se suspendiera nuevamente el DNU cuestionado, de manera provisoria y hasta que el Congreso de la Nación se pronuncie sobre la medida. Como el PRO, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical, los representantes del PJ disidente solicitaron que se declare la inconstitucionalidad del DNU 2010/09, que consideraron irregular, ya que argumentaron que se impidió «a los miembros del Congreso tomar la intervención parlamentaria previa a su dictado». Con la sentencia en la mano, Camaño se reunió con Martín Redrado para notificarle la buena nueva.

Por otro lado, Sarmiento rechazó el pedido de inconstitucionalidad respecto del DNU 18/2010, que dispuso la remoción de Martín Redrado como titular de Banco Central, que también fue solicitado en la misma acción de amparo. La jueza argumentó que en ese caso «no se encuentra configurado el peligro en la demora», debido a que «la medida cautelar que en igual sentido se dictara» el viernes pasado «se encuentra cumplida, habiendo reasumido el licenciado Redrado el cargo de presidente del Banco Central de la República Argentina».

En este punto, la magistrada argumentó que la situación era diferente a la del DNU 2010/09, sobre el que sí dictó una nueva medida cautelar, «ya que aún no se ha reunido el Congreso de la Nación, en sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo Nacional para tratar el tema», según lo que había dispuesto Sarmiento en su resolución del viernes pasado.

La medida de la magistrada abre así otro frente judicial contra el Gobierno sobre el mismo tema. La situación se complica todavía más, ya que este nuevo fallo bloquea virtualmente la posibilidad de que esas reservas sean utilizadas. Según lo establecido en el artículo 198 del Código Procesal, «la providencia que admitiere o denegare una medida cautelar será recurrible por vía de reposición; también será admisible la apelación, subsidiaria o directa», pero en este caso en concreto, «el recurso de apelación, de admitirse la medida, se concederá en efecto devolutivo».

Esto implica que, de pasar este expediente a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, la decisión de Sarmiento deberá ser ejecutable, dejando sin efecto el decreto 2010/09. Por lo tanto, las reservas destinadas al Fondo del Bicentenario seguirían en el Banco Central, y no podrían ser utilizadas para renegociar vencimientos de la deuda pública en 2010.

Por otro lado, Sarmiento elevó ayer las apelaciones presentadas por el Gobierno a la Cámara, medida que abre todo un nuevo campo minado para resolver la cuestión en el tribunal de alzada.