Juicio Político amaga con procesar a Fayt

Anabel Fernández Sagasti asumió como jefa de la Comisión de Juicio Político en Diputados. A su lado, sus compañeros de La Cámpora Juan Cabandié y Andrés Larroque. Se volverán a reunir.

El Frente para la Victoria reforzó ayer en la Cámara de Diputados la jefatura de la estratégica Comisión de Juicio Político con la designación de Anabel Fernández Sagasti, de la ultrakirchnerista La Cámpora, en reemplazo de la oficialista Adela Segarra. Hubo, además, un amague del FpV de tratar un pedido de destitución del juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carlos Fayt, que finalmente quedó sujeto análisis y sin fecha de definición.

Fernández Sagasti es ahora la única diputada nacional que ostenta una doble presidencia de comisiones. A la conducción de la Comisión de Legislación General sumó ahora Juicio Político, además de oficiar como representante del Gobierno nacional ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Oriunda de Mendoza, de 31 años, Sagasti destacó la importancia de la Comisión de Juicio Político y aseguró: "Debemos actuar en base a las demandas existentes. Nosotros estamos estudiándolas todas y dependiendo de qué diga cada una, la comisión determinará de qué forma actuar". Ni una palabra concreta en relación con un eventual enjuiciamiento a Fayt o al ratificado presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti.

El kirchnerismo parlamentario, y el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, reprochan a Fayt haber cumplido 97 años sin pedir la jubilación como juez supremo, trámite que puede iniciarse a partir de los 75 años. Sostienen que el magistrado tiene deteriorado su estado de salud al punto de no reconocer a sus colaboradores. A Lorenzetti, más allá de la interna político-judicial, lo presionan por haber aceptado que Fayt firmara una acordada en su domicilio particular en vez de en el Salón de Acuerdos de la Corte Suprema, un rigorismo formal que ni siquiera algunos diputados kirchneristas se animan a sostener. "No creo que esté en duda la firma de Fayt, sino que no haya firmado en la sala de acuerdos. Formalmente, podría ser un delito. Objetivamente lo sería, pero sería un excesivo rigor formal cuando no causa un perjuicio", sorprendió ayer el diputado del FpV, Héctor Recalde, jefe de la Comisión de Legislación del Trabajo. Sin embargo, el abogado laboralista no tuvo tanta contemplación con el jefe de la Corte: "Cuando Lorenzetti dice que su función es poner límites, se está apartando de su incumbencia y facultades".

La más audaz en la reunión de ayer de Juicio Político para el recambio de autoridades fue la kirchnerista María del Carmen Bianchi, quien solicitó agendar para un próximo encuentro el análisis y tratamiento por parte de la Comisión de "las denuncias públicas que fueron adquiriendo mayor volumen y constancias sobre el estado de salud, que refiere al miembro más antiguo de la Corte Suprema de Justicia". La legisladora se refirió así solamente a "denuncias públicas", un dato que revela que el FpV no presentó ninguna denuncia de su propia autoría para motivar una supuesta destitución de Fayt.

Más allá del cambio de nombre en la presidencia de la comisión, el Frente para la Victoria está lejos, tanto en Diputados como en el Senado, de poder reunir dos tercios de los votos para aprobar el pedido de apertura de un juicio político y su posterior destitución. Hace tres semanas naufragó en la Cámara alta en su intento para designar a Roberto Carlés como juez supremo para cubrir la vacante de Eugenio Zaffaroni. Ni siquiera el supuesto pero inexistente lobby celestial del papa Francisco ayudó para hacer recapacitar a la oposición de levantar el bloqueo ciego a cualquier candidato propuesto por Cristina de Kirchner antes de que finalice su mandato el próximo 10 de diciembre.

Ayer Elisa Carrió (Coalición Cívica-ARI) denunció que el Gobierno nacional montó una operación contra Fayt y señaló que los funcionarios nacionales "muestran un trato inhumano" contra el juez, aunque también cuestionó a Lorenzetti. "Estamos frente a la operación más terrible y cruel contra el gran maestro del derecho argentino Carlos Fayt", subrayó Carrió en un comunicado. Manuel Garrido (diputado UCR-CABA) consideró que el cambio de autoridades de la Comisión de Juicio Político se debe a "la necesidad de tener en ese espacio a alguien dispuesto a realizar el trabajo sucio". El diputado Alberto Asseff también expresó su rechazo a las presiones políticas contra la Corte y se preguntó "si el alto tribunal es prenda de negociación".

Pablo Tonelli (PRO) aseguró que "el cambio de autoridades en la Comisión de Juicio Político constituye el comienzo de una escalada contra el Poder Judicial, que comenzará con el juez Fayt y seguramente seguirá con otros magistrados. Deberemos estar muy atentos para defender la independencia de la Justicia y la República". Los opositores solicitarán el urgente tratamiento de los pedidos de juicio político al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, al canciller Héctor Timerman y a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.