Juicio político a la Corte: citan a dos jueces federales y oficialismo amplió los pedidos de pruebas

El Frente de Todos quiere escuchar a los magistrados Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla. El primero archivó una denuncia por chats filtrados entre Silvio Robles, hombre de confianza de Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño -en actual licencia-, Marcelo D’Alessandro.

luz verde. La presidenta de la comisión de Juicio Político, la kirchnerista Carolina Gaillard, aprovechó la mayoría oficialista para imponer criterios y la semana próxima ya empezarán a desfilar testigos. Oposición criticó.

El kirchnerismo volvió a imponer ayer su número para avanzar con el juicio político contra la Corte Suprema, tras activar una lista de testigos a declarar desde el próximo jueves, en la que se destacan los magistrados federales Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla. También amplió los pedidos de pruebas, en una reunión donde se dieron varios cruces con la oposición.

Al término del encuentro en la comisión de Juicio Político, que comanda la legisladora oficialista Carolina Gaillard (Entre Ríos), el Frente de Todos informó que para las 11 del jueves próximo serán serán citados como testigos Cristian Abritta, extitular de la Secretaría Judicial N°5 de la Corte; y Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación dependiente de la Secretaría General de Administración.

De las Secretarías Judiciales de la Corte Suprema se convocará a Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, Secretaría Judicial N° 2 Previsional; y Alejandro Daniel Rodríguez, Secretaría de Juicios Originarios.

En tanto, de la vocalía de Horacio Rosatti se llamará a Roberto Miguel Ángel Saggese y Adriana Norma Valinotti. También se incorporaron como testigos al exsenador Mario Cimadevilla, solicitado por la Coalición Cívica; a Héctor Daniel Marchi, Secretaría General de Administración de la Corte Suprema; y a los ya citados Ramos y Ramos Padilla.

Ramos es el magistrado que archivó una denuncia por los chats filtrado entre Silvio Robles, hombre de confianza de Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño -en actual licencia-, Marcelo D’Alessandro.

Por su parte, Ramos Padilla se declaró incompetente para investigar la denuncia contra Robles del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y remitió las actuaciones a Comodoro Py, sin antes advertir que no hay pruebas para sostener que la filtración de los chats haya tenido origen en espionaje ilegal, como sostiene Juntos por el Cambio.

Ayer, el macrista Pablo Tonelli rechazó las intercepciones telefónicas requeridas por el oficialismo, y dejó claro que la vía legal es a través de la intermediación de un juez, ya que la comisión “no tiene facultades ni atribuciones para pedir esa información para utilizarla como prueba”.

Quien respondió por el Frente de Todos fue el ultrakirchnerista Rodolfo Tailhade. “No estamos pidiendo las intercepciones telefónicas sino el listado de llamados, es decir, los números con los que se comunicaban”, expresó.

En tanto, el interbloque federal volvió a dejar en una posición incómoda al Frente de Todos a través del jefe de la bancada, Alejandro “Topo Rodríguez”. “Este proceso de juicio político se inició por una decisión presidencial”, lanzó, y reclamó “convocar al presidente de la Nación, Alberto Fernández, como primer testigo”, ya que “sería relevante su testimonio por la información que pueda tener”. El kirchnerismo hizo uso de su mayoría para descartar dicha situación.

Tensión por duplicado

Por la tarde, el Frente de Todos realizó una segunda jugada contra la oposición: convocó para el martes 28 a una sesión -último día de las extraordinarias, y a horas del discurso que dará Alberto Fernández en el Congreso para activar un nuevo período ordinario- para sancionar la nueva moratoria previsional.

En el Senado, el proyecto del cristinismo fue acelerado el año pasado -y en modo “Flash”- por Juliana di Tullio. Semanas después, la Oficina de Presupuesto del Congreso dejó claro en un informe: “Se estima que para el primer año de aplicación de la medida el impacto fiscal sería de 0,27% del PBI, llegando durante el segundo año a 0,42% del PBI”. Es decir, muy alejado de lo expuesto y defendido por la legisladora ultra K en la Cámara alta.

A fines de noviembre pasado, el Frente de Todos logró dictamen en la Cámara, aunque fracasó a la hora de renunir quorum para sesionar. Allí, un sector de Juntos por el Cambio presentó un despacho de minoría para rechazar la moratoria y, en cambio, ofrecer prestaciones en relación con los años de aportes realizados.

Un detalle de la ley kirchnerista es que da luz verde a un permiso para que cerca de 850.000 trabajadores en actividad puedan adelantar cuotas y lleguen, al momento de retirarse, sin deudas previsionales. En el Senado, el proyecto fue avalado por la peronista anti-K de Córdoba Alejandra Vigo, lo que aumenta las chances de sanción en Diputados si se inicia la sesión. La clave estará en el interbloque federal del “Topo” Rodríguez.