Justicia apura a Alonso por la situación de Aranguren

El fiscal federal Carlos Stornelli requirió a la Oficina Anticorrupción que clarifique si encontró o no incompatibilidades en el rol del ministro de Energía Juan José Aranguren con respecto a su rol al frente de esa cartera y las acciones que posee en la casa matriz de la empresa Shell, de la cual fue CEO y ahora quedó bajo su órbita. El pedido llegó luego de una orden de presentación realizada el jueves pasado en sus oficinas, en las que el juez Luis Rodríguez -a pedido de la fiscalía- exigió documentación acerca del swap vinculado a la importación de gas desde Chile. Stornelli solicitó que se obtengan todos los actos administrativos del Ministerio para evaluar si existió incompatibilidad en alguna de las resoluciones dictadas tanto por Aranguren como de la cúpula del Ministerio que también proviene de la actividad empresarial.

El pedido del fiscal complica a Laura Alonso, titular del organismo que debe evaluar la conducta de los funcionarios, quien viene postergando una definición sobre la situación de Aranguren. En un principio había defendido al funcionario en el marco de la Ley de Ética Pública al argumentar que si éste no podía tomar una decisión que beneficiara a la compañía Shell, en caso de registrarse un "conflicto de intereses", otro funcionario podría firmar los actos administrativos o "delegue la firma". Luego se comprometió a analizar el asunto al afirmar que el doble rol de Aranguren era "complicado". Sin embargo, su informe no fue aportado a la causa en la que se lo investiga por posibles negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes y abuso de autoridad. Ahora la Justicia trasladó la presión a Alonso, quien debiera expedirse.

A esto se suma que Stornelli requirió "de oficio" que se investigue si el ex CEO de Shell incurrió en algún delito, tras haber sido señalado por Graciela Camaño por un negociado con el gas importado de Chile. La legisladora cuestionó el decreto Nº 893 del 25 de julio pasado en el que se autorizaba la "exportación temporaria" de gas para utilizar infraestructura de otros países. Puntualmente apuntó contra Methanex, grupo dedicado a la producción de metanol, en el que podría haber algún negocio especulativo con la exportación y luego reingreso de ese combustible al país. En la causa, Aranguren ya es investigado por haber comprado gas a Chile a precios más elevados que a Bolivia, en el que una de las firmas involucradas mantiene vínculo con Shell.