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Justicia de España acusa a Chávez de planear un atentado contra Uribe
Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, decidió procesar a los 13 presuntos terroristas por planear un atentado contra el presidente colombiano, Álvaro Uribe, y contra diversas personalidades en España.
En una primera reacción, Uribe, que lleva infinidad de encontronazos con Chávez, señaló a la emisora RCN de Bogotá que no le sorprende que las FARC intentaran asesinarlo, pero se mostró prudente sobre la posibilidad de que Venezuela cooperara en las relaciones entre ETA y las FARC. «Creo que tenemos que tener una reacción prudente y mirar qué es lo que está pasando a través de los canales diplomáticos», dijo Uribe desde Uruguay.
Por su parte, Rodríguez Zapatero exigió explicaciones desde Alemania: «El ministro de Exteriores (Miguel Ángel Moratinos) ha hecho la oportuna gestión ante el Gobierno de Venezuela para que dé una explicación ante las informaciones que se desprenden de la actuación de la Audiencia Nacional».
«En función de la explicación y de las manifestaciones que realice el Gobierno de Venezuela, actuará el Gobierno de España», añadió.
La Cancillería de Venezuela ensayó una defensa manifestando en un comunicado que en el dictamen del juez español «se hacen señalamientos inaceptables, de naturaleza y motivación política, sobre el Gobierno venezolano».
Según el juez Velasco, las FARC llegaron a vigilar al ex presidente colombiano Andrés Pastrana, que vivía en Madrid, y a la embajada colombiana, considerándolos objetivos fáciles «siempre que se contase con la ayuda de ETA».
Por ello, las FARC «pidieron a miembros de ETA colaboración para localizar en España», además de a Pastrana y a Uribe, a otras personalidades como el vicepresidente colombiano Francisco Santos, para atentar contra alguna de ellas.
La ayuda de ETA está planteada en un correo electrónico en la computadora incautada a Raúl Reyes, el número dos de las FARC, muerto en una operación colombiana contra la guerrilla de ese país en Ecuador en marzo de 2008.
La información conseguida tras la muerte de Reyes llevó precisamente a la fiscalía de la Audiencia Nacional a presentar en diciembre de 2008 la querella, que desembocó en los actuales procesamientos.
La ayuda de ETA a las FARC en España es, según el juez Velasco, una «contraprestación» al adiestramiento mutuo de activistas en territorio de Venezuela. «Obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y la ETA», según Velasco, quien apuntó especialmente al presunto miembro de ETA Arturo Cubillas Fontán.
Este último, residente aún en Venezuela, fue nombrado en 2005 «director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela», según la resolución judicial.
Cubillas fue «responsable del grupo de ETA en esa zona de América desde el año 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC y la participación de integrantes de la ETA en cursillos de explosivos», argumentó Velasco, quien emitió órdenes de busca y captura internacionales para 12 de los 13 procesados.
Velasco acusó a Cubillas y a los miembros de las FARC Edgar Gustavo Navarro Morales y Víctor Ramón Vargas Salazar de un «de-lito de conspiración para cometer homicidios terroristas».
Cubillas también está acusado junto a los activistas de ETA José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso y José María Zaldua de tenencia de explosivos.
Además, todos los anteriores, junto a los «etarras» José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio, y los miembros de las FARC Emiro del Carmen Ropero, Rodrigo Granda, Remedios García, Luciano Martín y Omar Arturo Zabala, están acusados de colaboración con banda terrorista.
Agencia AFP
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