Justicia imputó al piloto iraní y pide profundizar hipótesis de terrorismo

Fiscal Incardona reclamó desentrañar si transportaban autopartes o se encontraban en maniobras preparatorias para un delito. Solicitó 11 medidas y se inclinó por mantener las cautelares y que el FBI amplíe sus informes.

Ghasemi Gholamreza

La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona requirió proseguir la investigación respecto del piloto iraní Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo.

Así surge de un dictamen presentado ayer por la fiscal ante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena en la causa en la que se investigan los sucesos supuestamente irregulares relacionados con el avión venezolano-iraní que está varado en Ezeiza y que ingresó al país el 6 de junio. La fiscal puso el foco en Ghasemi.

En su dictamen, remarcó que de todas las agencias y organismos estatales requeridos, las autoridades del FBI informaron que Ghasemi es CEO, miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air y, también, piloto, tal como Ámbito adelantó el lunes.

La firma Qeshm Fars Air fue identificada por el Tesoro de los Estados Unidos en 2019 debido a su participación directa en la actividad terrorista, afirmando, además, que dicha empresa proporciona asistencia a Qods Force y a la aerolínea iraní Mahan Air, las cuales han sido designadas como entidades terroristas (Terrorista Global Especialmente Designado, SDGT). La empresa de aviación Mahan Air fue sancionada en octubre de 2011 por la OFAC (E.O. 13224) por proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para la IRGC-QF y por transportar armas y personal para Hizbulá.

Para la fiscal, “circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”.

“En este sentido, parte de la actividad preventiva que debe motivar el accionar estatal es justamente averiguar las razones de estas irregularidades, con la finalidad de despejar toda duda al respecto”, argumentó la fiscal .

La representante del ministerio público fiscal sugirió la producción de 11 medidas de prueba, entre las cuales se solicita se mantengan las medidas cautelares dictadas, exhorto diplomático a EE.UU. para que se amplíe lo ya informado y ese Estado manifieste si el señor Ghasemi resulta formalmente investigado en algún proceso en ese país y, en su caso, si se adoptó alguna medida restrictiva de su libre circulación. Asimismo, si pesa o no un embargo o restricción formal sobre la aeronave Boeing 747-300(M), matrícula YV3531. La hipótesis del caso consistió, desde su inicio, en determinar las irregularidades que circularon en torno a la tripulación y si ingresó a nuestro país con alguna “finalidad delictiva”.

Describió la fiscal las más de 46 medidas de prueba ordenadas en la causa. Entre ellas los exhortos internacionales, los procedimientos de allanamiento e inspección ocular, los pedidos de informes a las distintas agencias, entre otros.

Emtrasur ayer también pidió la liberación del avión en un escrito presentado ante la Justicia. Pero para la fiscal aún restan medidas que deben realizarse.