1 de septiembre 2016 - 00:00

Justicia en la pelea por presupuesto: pide $34.000 M (53% más)

El Consejo de la Magistratura pidió $27 mil millones sólo para mantener a toda la Justicia a nivel nacional, sin los reajustes.

 El costo del Poder Judicial presupuestado para 2017 ascenderá a $34 mil millones, sin contar los reajustes de partidas requeridos para atender las negociaciones paritarias y los reajustes en gastos de obras e infraestructura previstos para el próximo ejercicio. La suma surge de los proyectos de presupuesto remitidos al Poder Ejecutivo tanto por el Consejo de la Magistratura de la Nación -que agrupa todos los gastos para todos los fueros con competencia federal del país- y lo previsto para el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, por cuya manutención el Estado deberá destinar poco menos de $7 mil millones.

Según la acordada Nº 24/16 firmada por los integrantes del máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, precisará $6.688.063.503 para el próximo año, "para cubrir las necesidades básicas". Carlos Rosenkrantz, asumido hace 11 días, no firmó la resolución. Esta cifra no incluye posteriores pedidos para modificar partidas destinadas a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Por costumbre, esto ocurre dos veces por año. Este proyecto de gastos fue redactado, según la acordada, con un "criterio de establecer los requerimientos de manera prudente, moderada, potenciando los recursos materiales y humanos de manera eficiente". Gran parte de ese presupuesto estará destinado al pago de sueldos de los 4.418 empleados de planta con que cuenta la Corte.

Para todo el resto del Poder Judicial, el total presupuestado de acuerdo con las necesidades establecidas en el proyecto, según lo que aprobó la Magistratura, es de $27.270.599.397. Para este año, el financiamiento que requirió el Poder Judicial (en el presupuesto aprobado en 2015) alcanzaba la suma de poco más de $17 mil millones. Es decir que para el año próximo se destinará un 53% más de recursos para atender las necesidades presupuestarias de funcionamiento del sistema de administración de justicia. Esto no incluye las fiscalías, dado que el Ministerio Público, Fiscal y de la Defensa, son organismos presupuestariamente independientes. La Corte utilizará un equivalente al 25% de lo que insume el total del resto de los tribunales, a partir de la elaboración de su propio esquema de gastos.

El recorrido del presupuesto elaborado por el Consejo tendrá como primera estación la Corte, que a su vez, junto con el propio, lo remitirá al Poder Ejecutivo para que lo incluya en la Ley General de Presupuesto que finalmente irá al Congreso para ser discutida.

En su última sesión, el Consejo aprobó el anteproyecto presupuestario, que incluye las erogaciones y los cargos previstos para la implementación de la denominada "Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados". Este solo ítem contempla casi $500 millones disponibles para contratos de la Cámara Federal de la Seguridad Social con el objetivo de cumplimentar la necesidad de tramitar las causas por los reajustes de jubilaciones en el marco de la ley propuesta por el oficialismo.

El proyecto aún contempla el mantenimiento de la Justicia nacional dado que pese a que ingresó al Congreso un proyecto para lograr su traspaso, aún no se dieron los primeros pasos para transferir cargos y dependencias a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, una medida resistida por empleados judiciales y magistrados. El primer objetivo del macrismo era migrar la Justicia nacional en lo criminal y correccional y el fuero laboral. Cuando pasen, dependerán del presupuesto porteño, no sin que antes Nación destine fondos a la administración local para ello.

La Comisión de Selección del Consejo se adjudicará algo menos de $5 millones para su funcionamiento, que consta en la realización de concursos de selección y cobertura de las vacantes (muchas) que hoy existen en los juzgados. Un punto que alertó al bloque opositor en el Consejo es la cantidad de fondos destinados a obras y reformas, cuyos anteproyectos ni siquiera fueron hechos, por lo que su estructura de costos es aún desconocida.

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