Kirchner adelantó veto a freno a superpoderes. Guerra legal

Néstor Kirchner advirtió ayer que vetaría, si fuera presidente, la derogación de los superpoderes. Poco después partió a Lobos para un acto del PJ local.

Néstor Kirchner le señaló ayer el camino a su esposa: «Si yo fuera presidente, la vetaría sin problemas». Lo dijo para castigar la aprobación del miércoles en Diputados de la derogación de los superpoderes con los que el Gobierno maneja el gasto presupuestario.

Pero es un indicio, al mismo tiempo, de que el kirchnerismo se prepara para perder esa batalla también en el Senado. En esa cámara Miguel Pichetto no puede asegurar aún que lo votado en Diputados se convierta en ley cuando llegue el debate. Menos cuando se trata de un tema que fue bandera de toda la oposición sin fisuras durante los últimos cuatro años y en especial en la campaña electoral de 2009.

Los superpoderes tampoco seducen a algunos oficialistas y aliados del Gobierno, por lo que sumar adhesiones no será fácil. Para ejemplo está la propia Cristina de Kirchner que, antes de llegar a la Presidencia, se opuso sistemáticamente a toda delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo.

Locuaz

Ayer, a la salida de un almuerzo con embajadores en la sede colombiana y en su función de secretario general de la Unasur, Kirchner apareció mas locuaz que de costumbre. Fue allí donde hizo su anunció y también razonó: «¿Cuál es el problema con el 5%?», dijo en relación con el proyecto oficial que reducía a ese porcentaje del gasto total la posibilidad de que la Casa Rosada modificara el destino de partidas, que fue sancionado en el Senado pero rechazado en Diputados.

Nadie mencionó que en realidad ese 5% no es tal, ya que quedaba fuera de la limitación la Jurisdicción 91-Obligaciones a Cargo del

Tesoro, la mayor cuenta del presupuesto para ingreso y redistribución de fondos para asistencia a provincias, transferencias al sector público y privado, subsidios o pago de deudas.

«Más que festejar lo importante es ver cómo se ayuda a gobernar y a consolidar la transformación que Argentina está llevando adelante. Yo no recomiendo nada, pero estoy incondicionalmente con la Presidente», dijo allí Kirchner.

Fue el broche para toda una catarata de advertencias del kirchnerismo sobre la posibilidad de un veto sobre la derogación de los superpoderes. Había comenzado el presidente del bloque oficialista de Diputados, Agustín Rossi. El mismo, tras la votación, había sincerado la estrategia: «Si yo tuviera que asesorar a la Presidente le diría que la vete», dijo sobre la ley.

No fue ese el único preclaro razonamiento de Rossi el miércoles por la noche. Durante su discurso final, para cerrar el debate que el Gobierno perdió, aseguró para defender los superpoderes: «Si cada vez que necesitamos mover una partida le tenemos que preguntar al Congreso podemos quedar presos de un Congreso de la oposición».

Sin oposición

Esa descripción de la realidad no encontrará oposición alguna: es simplemente el inevitable resultado de haber perdido las elecciones en junio de 2009; un efecto que, sin diferencia, se repite en la forma en que se mueven todos los parlamentos en el mundo. Es decir, gana en los recintos el que tiene la mayoría. Lo supo Raúl Alfonsín desde temprano cuando perdió en el Senado la Ley de Asociaciones Profesionales, luego al quedarse sin mayoría en Diputados en el 87 y, mas tarde, Fernando de la Rúa en la corta vida que le quedó desde el 10 de diciembre de 2001.

También la kirchnerista Diana Conti alimentó nuevas teorías político-contables sobre el manejo de fondos públicos: «Con la eliminación de los superpoderes se corre el riesgo de que las emergencias nunca sean atendidas. En todos los Estados modernos se necesita una administración mucho más rápida y el trámite legislativo siempre es más lento», se quejó, cuando en realidad el Gobierno seguirá teniendo todas herramientas suficientes para utilizar fondos extra en caso de emergencia. Como muestra bastan los ATN, que deberían aplicarse a esos casos de urgencia: desde 1995 se acumulan $ 9.800 millones sin distribuir a las provincias, que ahora se utilizarán como colchón para refinanciarle la crisis fiscal a los gobernadores.