El kirchnerismo intentará aprobar este miércoles en Diputados el paquete anticrisis que Cristina de Kirchner envió al Congreso para establecer una moratoria impositiva y previsional, un blanqueo de capitales y un régimen de regularización de trabajadores en negro. Hasta hace unos días ése era el nombre que llevaba la ley y así se negoció en las comisiones en Diputados, introduciendo modificaciones, por ejemplo, para reforzar los controles en el caso de la repatriación de fondos, por ejemplo obligando a que las inversiones que se realicen permanezcan durante dos años en cabeza de quién las declaró. Pero el temor a tener problemas en la votación del blanqueo de capitales ya hizo cambiar la estrategia al oficialismo.
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Ninguno de esos cambios consiguió terminar de convencer al propio bloque kirchnerista y menos aún a la oposición que se encolumnó sin fisuras en contra del proyecto que pidió el Gobierno. Ni siquiera algunos aliados ocasionales del oficialismo aceptaron acompañar esta vez en el recinto. Pero el kirchnerismo, por ahora, cuenta con una carta a favor: no existe aún una postura común de los bloques opositores, lo que debilita ese frente.
La situación para el oficialismo, de todas formas, no es la mejor. De ahí que haya cambiado la estrategia para presentar el proyecto en el recinto y, en cierta forma, hasta el nombre. El kirchnerismo hablará el jueves en Diputados de un nuevo plan económico para explicar las medidas que se votarán ese día. Se incluirá, entonces, en el discurso de presentación el último paquete para incentivar créditos a las pymes, para el consumo y la compra de autos cero kilómetro. Se condimentará el paquete con alguna precisión más sobre el plan de obras públicas de $ 71.000 millones, que ya se anunció pero que será lanzado el 15 de diciembre.
En realidad, la mayoría de esas medidas no pasarán por el Congreso, pero servirán para reforzar la idea de que se está hablando de una suerte de nuevo plan. Con esa estrategia el kirchnerismo quiere diluir uno de los dos escollos mayores que tiene para la votación en el Congreso, el capítulo de la repatriación de capitales, que aunque modificado y con mayores controles -además de las limitaciones que impone en el país la Ley de Lavado de Dinero el poder de policía de la UIF que seguirán inalterables-, aún no termina de convencer.
El kirchnerismo consiguió un dictamen favorable del proyecto en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General el jueves pasado tras horas de debate. Desde ese momento hasta ahora lo que era un proyecto se transformó un Plan Económico para enfrentar la crisis. Uno de los puntos centrales es precisamente la repatriación de capitales. Quienes tengan fuera del país dinero que no esté declarado podrán regularizarlo sin traerlo a la Argentina, pero pagarán 8% de impuesto, mientras que quienes lo declaren y lo traigan pagarán 6% y aquellos que lo ingreses para comprar títulos de deuda oficial sólo 3%.
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