Kirchnerismo ya reconoce que puede pasar a 2011 sin Ley de Presupuesto

• Oficialismo y oposición discuten crisis anticipada por la norma para 2011

Amado Boudou

El oficialismo ya acepta que será difícil conseguir que el Congreso apruebe una Ley de Presupuesto Nacional 2011 en versión aceptable para el Gobierno, aunque reconoce que «reconduciendo» el de este año podría seguir gobernando sin problemas.

A pesar de que en la realidad pueda hacerlo, no todas las facultades y poderes pasan de un presupuesto a otro año si el Congreso no aprueba la ley. Pero para el kirchnerismo no parece un problema, acostumbrado a reasignar partidas y redistribuir los excedentes de recaudación cada año con megadecretos de necesidad y urgencia.

Ayer lo confirmó Agustín Rossi, presidente del bloque oficialista, quien no pareció preocupado por que la oposición termine modificando el proyecto que el Gobierno debe enviar al Congreso el próximo 15 de setiembre a un punto tal que Cristina de Kirchner no lo acepte.

La historia argentina indica que en todos los casos la ausencia del Presupuesto Nacional fue causa o consecuencia de problemas institucionales graves. Arturo Illia no consiguió que el Congreso le aprobara su último presupuesto, tampoco Isabel Perón. Mas cerca, Raúl Alfonsín se despidió en el 89 sin contar con la ley de Presupuesto Nacional y finalmente ese año no hubo presupuesto. Distinto fue el caso de Fernando de la Rúa, que recién tuvo ley en marzo de 2002, totalmente modificado con relación con el proyecto original y cuando ya había dejado la presidencia. Los antecedentes, entonces, son nefastos.

A pesar de eso, Rossi ayer desafió a la oposición aclarando que una reconducción del Presupuesto 2010 para 2011 no sería un drama para el Gobierno. Con las facultades actuales, la ley habilita al Gobierno a continuar con la administración nacional sin tener la ley, por un principio básico de organización, aunque con límites. No podría haber gastos extraordinarios, sólo lo indispensable para mantener el Estado en funcionamiento, aunque el Gobierno ya dio durante este año algunos pasos para indicar por dónde podría encausarlo.

Impacto

El problema que se genera no es una invención opositora: casi todas las leyes que la oposición impulsa hoy en el Congreso tendrán impacto en el Presupuesto Nacional. Y de hecho deberán, se aprueben antes o no, discutirse en las partidas de esa norma.

El aumento del 82 % móvil a jubilados, el reparto a las provincias del Fondo de ATN por $ 9.000 millones que el Gobierno retiene o los beneficios del Banco Nación y el Central que se giran al Tesoro, deberán pasar por el debate presupuestario. Y en ningún caso el Gobierno aceptará esas imposición de los bloques opositores.

Peor aún es el caso de la inflación, que está en la base misma del cálculo de gastos y recursos para 2011.

Ayer, Claudio Lozano avanzó por ese camino alertando que «será difícil que sea aprobado si el Gobierno no envía un cálculo realista». Lozano le recordó a Amado Boudou que Diputados exigió al ministro que envíe un proyecto de ley complementario para ajustar el Presupuesto 2010 a la realidad. De hecho ya se proyectan ingresos extra para este año por $ 75.000 millones que no tuvieron asignación en la ley original.

«Si persisten en que el presupuesto no tenga ningún vínculo con la realidad va a ser muy difícil que sea aprobado. El que define es el Gobierno», sentenció ayer Lozano.

Eso indica que la oposición no esta dispuesta a aceptar proyecciones que sigan la inflación que informa el INDEC, sobre todo cuando hasta ahora calculó un acumulado en el año del 6,7 % cuando cualquier consultora privada, como mínimo, lo duplica.

El Gobierno parece haber preparado el terreno ante la eventualidad de que la mayoría opositora de Diputados, sobre todo, le complique el Presupuesto Nacional y obligue a Cristina de Kirchner a vetarlo al menos en un porcentaje sustancial.

El avance del presupuesto que hace dos meses se presentó al Congreso parece, entonces, una suma de programas que se ejecutan en 2010 y continuarán en 2011. No hay allí novedades en gasto que deban aprobarse, sólo una larga continuidad de programas.

Pero, además, entrará en debate el polémico artículo 79 que el Gobierno consiguió incluir en el Presupuesto 2010, votado antes que se modificara la conformación de Diputados y el Senado por el resultado de las elecciones de junio de 2009. Gracias a que el proyecto se aprobó antes del recambio, el kirchnerismo pudo colar esa disposición que establece una polémica reforma al artículo 42 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control.

«Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año se afectarán automáticamente al ejercicio siguiente, imputando los mismos a los créditos disponibles para ese ejercicio», dice allí.

«Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año podrán ser cancelados durante el año siguiente, con cargo a las disponibilidades en caja y bancos existentes a la fecha señalada», sigue describiendo una hipotética situación que no parece conflictiva si se cuentan, como tiene Cristina de Kirchner, amplios excedentes por encima de la recaudación reconocida en la Ley de Presupuesto.

Pero si hacía falta mas, ese artículo del Presupuesto Nacional 2010 agrega: «Los gastos mencionados en el párrafo anterior también podrán ser cancelados, por carácter y fuente de financiamiento, con cargo a los recursos que se perciban en el ejercicio siguiente».

La oposición cuestionará sin duda tanto la redacción de este artículo en relación con el manejo de fondos, como también los incorporados a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto que le dieron al Gobierno en los últimos años amplios poderes para manejar fondos de jurisdicciones clave, como la 91-Obligaciones a Cargo del Tesoro, pero con esa inclusión en el Presupuesto 2010 queda claro que el kirchnerismo se preparaba para el escenario que ahora tiene por delante.